Una de las multas más altas en la Capital del país por afectación ambiental, específicamente por actividades mineras, fue impuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Con 839 millones de pesos fue sancionado Alejandro Ortiz, dueño de la cantera Arenera Las Tolvas, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar (Transversal 18R #69R-02 sur, barrio Villas de Diamante), al ser declarado responsable a título de dolo de dos cargos.

Según la Resolución 1325 de 2014, Ortiz fue acusado de no presentar el Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (Pmrra) y por haber adelantado actividades de extracción en el predio; este documento fue exigido por la SDA en los años 2003, 2010 y 2013.

La ausencia de medidas de recuperación causó serios impactos ambientales en el sector, como la afectación del suelo por los frentes de explotación en 2 hectáreas, la sedimentación de la quebrada Limas, inestabilidad en el terreno por la intensa erosión, y pérdida casi total de la vegetación.

El segundo cargo fue por alteración del recurso suelo por la antigua actividad extractiva. Ambiente corroboró un cambio de la morfología original del terreno, y la presencia de zonas de amenaza y riesgo.

“Las actividades mineras sin ningún tipo de control ambiental no solo pueden poner en riesgo a los recursos naturales, sino la vida de las personas que habitan cerca a los frentes de explotación. En caso de Las Tolvas es preocupante, ya que es un pasivo ambiental en el cual no se ha realizado ningún tipo de actividad de recuperación o restauración ambiental, lo cual es un riesgo potencial, toda vez que podría ocasionar un fenómeno de remoción en masa”, manifestó Susana Muhamad, secretaria Distrital de Ambiente.

“Ortiz contó con demasiadas oportunidades de hacer lo correcto y presentar el Plan de Manejo, órdenes que fueron desacatadas. Por esta razón la decisión fue una de las mayores multas impuestas por la Secretaría de Ambiente”, dijo Muhamad.

Esta antigua cantera suspendió actividades en agosto de 2003, cuando la SDA le ordenó el cierre definitivo de la explotación minera y le exigió el primer Plan de Manejo. En diciembre de 2010, la SDA requirió a Ortiz para que en un término de 90 días presentara dicho Plan de Manejo, orden que no fue acatada.