Tras finalizar la audiencia pública de pérdida de investidura que se adelanta en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el Consejo de Estado tiene un plazo de 60 días para determinar si decreta o no la “muerte política” de Petro debido a la denuncia en su contra tras haber sido condenado por el delito de porte ilegal de armas en 1985.

Dicha demanda fue instaurada por el concejal Orlando Parada, quien asegura que Petro no podía ejercer cargos públicos debido a la condena en su contra.

Respecto al tema, el burgomaestre de la capital se defendió alegando que no hay una sentencia judicial en su contra y que el delito por el que fue procesado se trata de una falta que para la época de los hechos era castigada con una multa, agregando además que en el expediente no existen pruebas de que haya sido condenado por esos hechos.

Respecto al caso, la Procuraduría Delegada ante la sección 5ta del Concejo de Estado pedirá que se mantenga la investidura del burgomaestre.