Sin duda alguna uno de los grandes ganadores en la pasada jornada electoral fueron los movimientos significativos de ciudadanos que avalaron varias candidaturas a gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, detrás de algunas de estas conquistas están varios aspirantes a quienes les fueron negados los avales en sus respectivos partidos políticos y buscaron la candidatura por medio de la recolección de firmas.

EL NUEVO SIGLO habló con varios politólogos para saber si es necesaria una mayor reglamentación y así evitar el reencauche de varios candidatos que por conveniencia política les ha sido negado el respaldo de algún partido político, como por ejemplo, por alguna sospecha de vínculos con grupos armados ilegales.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, destacó primero los logros obtenidos por estos movimientos avalados por firmas.
“En el balance en tema de firmas en gobernaciones, son los ganadores en Nariño, Risaralda, Meta, Quindío, Santander, Norte de Santander y Magdalena. Es decir, son siete gobernaciones, y en términos de capitales, estamos hablando de Cali y Valledupar.
Pasamos de cuatro gobernaciones que se tenía en el 2007 a siete. Por ser elecciones locales, las firmas recogen en muchos casos expresiones muy locales de movimientos cívicos”, explicó Barrios.
Según la investigadora, el tema de las firmas está reglamentado, “inclusive para este proceso electoral, estaba bien difícil poder tener candidatura por firmas, porque, aparte del número requerido, las firmas tenían que corresponder a la circunscripción donde se iban a presentar y además las pólizas que se exigían”. Además dijo que es inevitable el reencauche político en estos movimientos de ciudadanos.
Por su parte, el analista político Alejo Vargas afirmó que no se puede generalizar el efecto de la mimetización de algunos candidatos sospechosos en los grupos significativos de ciudadanos.
“No son todos los movimientos, empezando por Gustavo Petro, que se presentó por un grupo representativo de ciudadanos, o Marcelo Torres, en Magangué. Sin embargo, es verdad que hubo movimientos, como el del caso que señalan de Mello Cotes en el Magdalena, en donde efectivamente el Partido Liberal no le iba a dar el aval porque habían dudas, entonces acudieron a ese mecanismo. Entonces, eso hay que mirarlo con cuidado, no se pueden hacer generalizaciones”, afirmó.
No obstante, Vargas señaló que debe haber reglas más estrictas a la hora de conformarse esos movimientos por firmas.
“Yo creo que debería haber más reglas estrictas, aunque hay que recordar que cuando la Constitución del 91 se aprobó, solo se exigían 50 mil firmas, lo que generó esa especie de explosión de partidos políticos de papel, alcanzamos a tener 50 personerías jurídicas, después con la reforma electoral del 2003 se empezó a reducir, pero ahí todavía se requieren unas reglamentaciones más precisas, sin coartar la posibilidad de que los ciudadanos acudan a ese mecanismo, pero que tampoco pueda ser un mecanismo de huída, cuando en un partido a un candidato lo derrotan en las elecciones internas”, expresó el analista político.
El también politólogo Pedro Medellín aseguró que “los candidatos independientes han sufrido una degradación sistemática”.
Para él, los grupos significativos de ciudadanos “se han convertido en una forma de encubrimiento del partidismo. Es decir, se trata de gente que está amarrada a los partidos y tienen tradición de burocracia y de clientelismo, y para encubrir eso se inscriben por firmas, cuando en realidad tienen una larga trayectoria de tipo partidista. El problema es que se trata de una figura que no tiene ninguna responsabilidad política, en la medida en que no hace parte de ningún partido, sino que se trata de un personaje independiente que no le rinde cuentas a nadie desde el punto de vista político, y es a todas luces una prueba de la degradación del sistema político colombiano”.