Trece personas murieron en un motín carcelario en Guatemala, entre ellos el capitán retirado Byron Lima, preso por la muerte del reconocido obispo Juan Gerardi, y una visitante de nacionalidad argentina, informaron autoridades.
"Entre las personas (muertas) que han sido identificadas se encuentra el señor (Byron) Lima", dijo en conferencia de prensa el ministro del Interior, Francisco Rivas.
El motín ocurrió en la cárcel Pavón, 17 km al sureste de la capital, y comenzó tras un ataque con una granada de fragmentación contra el "equipo de seguridad" de Lima, señaló el funcionario encargado de la seguridad interna.
Rivas explicó que el grupo atacante está vinculado al capo de la droga guatemalteco Marvin Montiel Marín, alias "El Taquero", recluido en esa misma prisión por el asesinato en 2008 de 15 nicaragüenses y un holandés.
Agregó que durante la revuelta también perdió la vida Joanna Birriel, de 24 años y de nacionalidad argentina, aunque no aportó más sobre la víctima que se encontraba de visita. Unas 10 personas resultaron heridas en el motín.
Lima, un capitán retirado del ejército guatemalteco, purgaba desde 2001 una condena a 20 años por participar en abril de 1998 en el asesinato del obispo Gerardi, dos días después de que se hizo público el informe "Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más".
El obispo había dirigido la investigación que documentó más de 50.000 violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1960-1996), la mayoría atribuidas al ejército.
Por la muerte del obispo también fueron condenados el padre de Lima, el coronel retirado Byron Lima Estrada, y el sacerdote Mario Orantes, ambos libres por redención de pena en 2012 y 2013, respectivamente.
Además fue condenado el sargento Obdulio Villanueva, quien murió decapitado en 2003 durante un motín en una cárcel en la periferia norte de Ciudad de Guatemala.
En septiembre de 2014 un juez abrió otro proceso en contra de Lima (hijo) por supuestamente liderar una red de enriquecimiento ilícito en el sistema carcelario.
Según las pesquisas, el militar amasó una fortuna al cobrar, en complicidad con las autoridades penitenciarias, el traslado de reos a otras prisiones, así como privilegios como visitas conyugales o el uso de celulares, prohibidos en el el centro penitenciario.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que colabora con la depuración del sistema judicial.