Abogado defensor no pudo demostrar su teoría que señalamientos obedecen a problemas personales de los Nule con el suspendido Alcalde, quien podría pagar una pena de 10 a 15 años de cárcel.

Al acoger los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría, el juez 28 de conocimiento de Bogotá, Jorge Poliodoro Bernal, decidió que el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, debe ir a prisión por presunta participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.
La Fiscalía indicó que ante la gravedad de los delitos, Moreno podría pagar una pena de entre diez o quince años de cárcel.
La solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el alcalde suspendido de Bogotá fue hecha por la Fiscalía y apoyada por la Procuraduría, al considerar que puede obstruir la justicia, los delitos superan los cuatro años de cárcel, y que existen pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad de Samuel Moreno en un detrimento patrimonial de 218 mil 438 millones de pesos, además el fiscal del caso, Ricardo González, dijo que “Samuel Moreno representa un peligro para la comunidad”.
El pasado martes, la defensa de Moreno pidió que no se envié a prisión al funcionario y aseguró que su cliente no es ningún peligro para la comunidad por estar implicado con el carrusel de la contratación.
Moreno aseguró que él es el primer interesado en demostrar su inocencia ante el organismo que lo requiera y que por ello, es ilógico pensar que va a evadir la justicia.
De igual forma, sostuvo que todos los testigos presentados por la Fiscalía, simplemente están buscando obtener beneficios jurídicos a cambio de recibir una rebaja en la pena.
“La medida no es necesaria, he comparecido de manera permanentemente a los requerimientos... no puedo ser un peligro para la sociedad. A mí me interesa que se sepa la verdad... que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Soy absolutamente respetuoso de las decisiones judiciales”.
Moreno dijo que “quedaron desvirtuados los argumentos de la Fiscalía. No hay nada que me pueda comprometer en haber sido autor o partícipe de los delitos que me imputan”.
Durante la diligencia judicial, el abogado de Moreno, Mauricio Alarcón, dijo que todas las acusaciones son producto de un problema personal de los Nule contra el suspendido alcalde de Bogotá.
Señaló que su cliente no obtuvo ningún tipo de apoyo electoral de parte de los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia para su llegada a la Alcadía, y sostuvo que de acuerdo con la normatividad de Bogotá, el alcalde dentro de sus funciones, no tiene injerencia en los contratos de malla vial.
Alarcón afirmó que mientras sólo se crea en falsos testimonios, será muy difícil probar la verdad de su cliente sobre la suscripción de contratos. "La Fiscalía General de la Nación se valió de pruebas fragmentadas y de poca validez jurídica", aseguró.
Dentro de las pruebas, el abogado presentó el testimonio del ex subdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, quien aseguró ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 22 de junio, que Moreno Rojas no exigió el pago de 'coimas' para favorecer contratos en el Distrito.
Alarcón aseguró que las pruebas están basadas en supuestos y no en evidencias concretas, por lo que en su concepto no es conveniente la medida de aseguramiento contra el suspendido funcionario.