Ante la  eventualidad de que se tome en cuenta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para decretar libertad por vencimiento de términos al exalcalde Samuel Moreno, privado de la libertad por el carrusel de la contratación, la Fiscalía aclaró que tiene dos medidas de aseguramiento vigentes y que por la gravedad de los delitos que le imputan no quedará en libertad.

En efecto, el fiscal tercero delegado ante la Corte, Juan Vicente Valbuena, al anunciar la imputación del delito de cohecho propio al exconcejal liberal Jorge Ernesto Salamanca por el contrato de las ambulancias, explicó que la libertad de Moreno no podría materializarse debido a que en su contra cursan dos medidas de aseguramiento vigentes por el escándalo del carrusel.

"Los delitos contra la administración pública no podrían prescribir porque las penas son muy altas", precisó.

Sobre las demoras en el avance de las diligencias judiciales, anotó que "en los procesos estamos en audiencia preparatoria. Reconocemos que ha habido dificultad por la cantidad de documentos".

En cuanto a Salamanca, la Fiscalía le imputó el delito de cohecho propio en circunstancias de mayor agravación.

El contrato objeto del proceso penal establecía el uso de ambulancias y el fortalecimiento del acceso a los servicios de salud de mayor complejidad, el cual fue entregado de forma irregular a una empresa de construcción sin la infraestructura y condiciones que exige la ley.

Sin embargo, el excabildante Salamanca se declaró inocente de los cargos señalados por la Fiscalía, que lo señala de haber recibido 500 millones de pesos en cuatro pagos realizados en 2009 y comienzos de 2010, el primero de ellos por un valor de 100 millones de pesos, en uno de los apartamentos del exconcejal Hipólito Moreno, exmilitante de La U y sentenciado por estos hechos.

El fiscal aseguró que en un segundo evento le fueron llevados a Salamanca 150 millones de pesos, entregados personalmente por el exsecretario Héctor Zambrano, mientras que en una estación de servicio de la calle 85 con 7º y en un club de tenis le fueron entregados 250 millones de pesos.

“El precio fue pactado para violar su deber de ejercer vigilancia y control de los contratos públicos, faltando al deber de honestidad, moralidad pública, pulcritud y transparencia como servidor público, actuando contrario a la ley, en forma dolosa”, afirmó el fiscal Valbuena.

El exconcejal Salamanca, de 56 años de edad, se expone a una pena de entre 80 y 144 meses de prisión por la gravedad de los hechos, tras faltar a la confianza de sus electores, ocupar un cargo distinguido en la sociedad y por desempeñarse como un servidor público.