La excontralora Sandra Morelli es investigada por el delito de peculado por apropiación y por el presunto detrimento patrimonial por más de $12.000 millones, violación al principio de planeación y por actuar con indiferencia ante las consecuencias que en el contrato de arrendamiento del edifico del ente de control ubicado en Gran Estación podría tener al no cumplir con los requisitos mínimos de legalidad.
Desde Italia, Morelli aseguró en varias oportunidades que su intención no era evadir la justicia y que por el contrario, considera que las “acciones encuentran el debido soporte que a la postre saldrá a relucir, no obstante, tal como lo he sostenido en las últimas fechas, consideró que las investigaciones que cursan en la Fiscalía General, carecen del respeto a mi derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de contradicción y están viciadas por completo de objetividad e imparcialidad”.