El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró “un cierre jurídico para todos los actores del conflicto, una vez se hayan hecho todas las investigaciones y se hayan cumplido todas las sentencias”, en su intervención en el

Para lograrlo propuso aplicar una justicia transicional que juzgaría los crímenes de lesa humanidad como actos perpetuados de manera colectiva, es decir, que las penas serían imputadas a todo un grupo armado, aclaró que con esta medida se evitaría la impunidad.

Por otro lado, mencionó también la doble imputación, que primero atribuye los crímenes a las organizaciones armadas para luego especificar responsabilidades individuales, lo que permitiría "un juzgamiento universal".

Añadió que en el marco de la justicia transicional también entrarían los crímenes efectuados por los militares, “entrarían en el marco de la justicia transicional los delitos que se hayan cometido con relación del conflicto armado”. Sin embargo, la ley estaría impedida para ser aplicada a los crímenes de Estado, “no podrían entrar en la justicia transicional los llamados 'falsos positivos.

El alto funcionario hizo énfasis en diferenciar los tratamientos judiciales aplicados a los militares y a los guerrilleros, para los primeros podría existir  “una combinación entre pena privativa de la libertad y una de carácter alternativo, con prisión abierta y arrestos domiciliarios o de fin de semana, algo más atrevido que lo que hay ahora”.