Una  iniciativa con la que se pretende que cualquier congresista pueda presentar modificaciones en las partidas contempladas por el Gobierno en el presupuesto general de la Nación, fue aprobada por la Comisión Primera de la Cámara en el primero de los ocho debates que debe cumplir.

Se trata del proyecto acto legislativo número 198 de 2015 Cámara, “por el cual se modifica el artículo 351 de la Constitución Política”, radicado el 28 de enero por un amplísimo grupo de congresistas (33 representantes y 10 senadores) de los partidos de La U, Conservador, Liberal, Polo Democrático, Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde.

Uno de los autores e integrante del grupo de ponentes, el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo, explicó que en la actualidad, el Congreso tiene la potestad de aprobar o rechazar el presupuesto sin que exista posibilidad de proponer o tomar decisiones en materia de inversión. Con esta iniciativa lo que se pretende es que, sin exceder el monto máximo aprobado, se permita hacer modificaciones a las partidas que allí aparecen.

Según Navas, “esto frenaría de alguna forma esa nefasta costumbre, que tienen algunos congresistas, de vivir detrás de los ministros -especialmente del de Hacienda- rogándole que le dé algo a su región. Esto puede contribuir también a que entre unos y otros no se deban ‘favores’, auspiciando la independencia y trasparencia del Legislativo y el Ejecutivo”.

El congresista anotó que precisamente esas costumbres son las que fomentan prácticas como la denominada “mermelada”, en la que algunos legisladores, ante la imposibilidad de gestionar recursos para su región, terminan intercambiando “favores” con el Ejecutivo, que termina “endulzándolos” para que voten favorablemente cualquier tema.   

El mismo proyecto advierte que se debe asegurar que tanto ingresos como gastos deben estar fiscalizados, que estos correspondan efectivamente a las necesidades de la población y que sean correctamente ejecutados.

Ponencia

En el grupo de ponentes, además de Navas, están los representantes Óscar Fernando Bravo, del Partido Conservador; Fernando de la Peña, de Opción Ciudadana; Elbert Díaz, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Samuel Alejandro Hoyos, del Centro Democrático; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; y Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

En el informe que fue aprobado por la Comisión, los ponentes precisaron que el proyecto “busca solucionar un déficit estructural del diseño institucional del Estado colombiano, generado desde la reforma constitucional a la anterior Carta Política del año 1968, cuando se cercenó la iniciativa congresual en materia de gasto público”.

Los legisladores reconocen que “la posibilidad de dar una mayor participación al legislador en esta materia suele ser vista con escepticismo, en la medida en que se piensa que los congresistas electos atienden primordialmente el interés de sus electores incrementando gastos específicos, en lugar de atender el interés nacional por lograr y mantener una posición fiscal sostenible, lo que justifica la imposición de restricciones formales al poder de la legislatura para introducir cambios”, pero señalan que “la ampliación de la participación parlamentaria en la discusión del presupuesto contribuye a que haya mayor transparencia y facilita alcanzar acuerdos y consensos, pues siempre las demandas por fondos superarán los recursos disponibles. Es más democrático que la asignación y priorización la haga el Congreso a que la decisión la tome un funcionario designado del Ejecutivo que carece de legitimidad democrática”.

“Por todo lo anterior”, expresan los ponentes, “lo que se propone es que una vez que en el debate en las comisiones se ha realizado el aforo del presupuesto, es decir, se ha determinado el monto máximo del gasto, en las discusiones en las plenarias los congresistas, en función del interés legítimo de los sectores que representan, puedan, siempre que ese tope no sea superado, realizar traslados entre partidas, sin que para ello se requiera del aval gubernamental”.