Como parte de su visita oficial al Gobierno de Costa Rica, la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se reunió con Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública de ese país, quien le explicó el mecanismo que esa nación viene implementando en los últimos año y gracias al cual es posible dictar sentencia en un término de 72 horas a delincuentes capturados en flagrancia.

Esta estrategia, soportada en el nombramiento de “Jueces Especiales de Flagrancia”, tiene como objetivo que los criminales sorprendidos durante la comisión de un delito sean condenados a veces, incluso, el mismo día de su captura, contando con las declaraciones de los testigos y del denunciante, y garantizando el debido proceso.

La Ministra Ruth Stella Correa calificó esta estrategia como una “alternativa interesante” que podría implementarse, previo estudio, en Colombia. Por esa razón, ambos ministros se comprometieron a examinar el impacto de este mecanismo y a estudiar de manera detallada las implicaciones de su aplicación.

En Costa Rica, según explicó el Ministro Zamora, lograron reducir la población sindicada privada de la libertad de un 60 por ciento del total de reclusos a un 40 por ciento, y manifestó que con esta medida se disminuyó el índice de reincidencia, pues el sistema judicial se muestra eficiente y pronto con condenas inclusive proferidas el mismo día de la comisión del ilícito.

La Ministra de Justicia, por su parte, recomendó el uso de los mecanismos de vigilancia electrónica y recalcó la importancia de incentivar esta medida para que cada vez más jueces la implementen.

“Esto funciona bastante bien y lo que necesitamos es incentivar más entre los jueces el uso de este mecanismo de vigilancia electrónica porque en Colombia tenemos 117.000 personas privadas de la libertad. Valdría la pena que los jueces optaran por esta medida con mayor frecuencia en lugar de la prisión intramural”, dijo.

 “Estoy convencida de las bondades de su uso. Hay limitaciones en relación con el tipo de delitos, aquellos hechos que agreden a la ciudadanía no pueden ser beneficiados con el mecanismo, pero los delitos de menor impacto son susceptibles de este beneficio o de la prisión domiciliaria”, agregó la funcionaria.

La Ministra Correa recordó que en Colombia existen actualmente 5.000 brazaletes electrónicos en uso y que depende del juez si la persona obtiene ese beneficio o no.

“Tenemos una mentalidad carcelera  y sólo obedecemos a ver al delincuente en la cárcel, es un asunto de educar a la ciudadanía porque tanto los brazaletes electrónicos como la prisión domiciliaria son formas de purgar una pena, son una restricción de la libertad, no impunidad como algunos creen”, concluyó.