Setenta y dos horas después de que las plenarias de Senado y Cámara conciliaron el proyecto de reforma a la justicia, en primera vuelta, ayer el ministro de esa cartera, Juan Carlos Esguerra, respondió en una misiva a la petición que la semana pasada, también por este medio, hicieron las altas Cortes y que fue firmada por el Procurador y la Fiscal General, para que se revisaran los principales puntos de esta iniciativa pues, adujeron, se afecta la independencia y la autonomía de los organismos judiciales.

Esguerra señaló en la misiva que “bien saben ustedes, en primer lugar, que el proyecto no pretende constituir –ni podría hacerlo– la totalidad de la reforma que demandan la justicia, su funcionamiento y su administración”. Agrega que “el Gobierno tiene claro que hacer frente al cúmulo y a la diversidad de fallas que aquejan a la justicia como un todo, para procurar su solución, es una tarea que corresponde acometer,  también, por otros caminos y en otros escenarios”.
En la carta el Ministro defiende, entre otros aspectos del proyecto, entregar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios, resaltando que no se trata de una “privatización de la justicia. “Resultan evidentes la utilidad y la urgencia de buscar fórmulas y caminos que permitan atribuir, transitoria y excepcionalmente, ciertas funciones jurisdiccionales a personas que hoy no las ejercen”.
Agrega que “en relación con su preocupación en punto a la independencia y a la autonomía judiciales, que ustedes consideran menoscabadas por el proyecto en cuestión, cabe manifestar que no existe en él norma alguna que dé lugar a tal inquietud. Por el contrario, se comienza por reafirmar, con todas sus letras, la autonomía como postulado fundamental de la administración de justicia”.
En cuanto a la investigación y juzgamiento de los congresistas, Minjusticia señala en la carta que lo aprobado es muy semejante al modelo “que sugirió la que sugirió la Honorable Corte Suprema de Justicia”.
El modelo dispone que su investigación y su juzgamiento en primera instancia les corresponderán, respectivamente, a dos nuevas salas que tendrá la Corte Suprema de Justicia, reservándole a la Sala Penal de esta el conocimiento de la segunda instancia