En su extensa normatividad, Colombia cuenta con leyes y decretos que, por ejemplo, prohíben la importación de ciudadanos chinos, determinan cómo deben ser gobernados los salvajes o que prohíben la mendicidad; otros relacionados con las abejas que abandonan el panal, o los que determinan la propiedad de las palomas según el inmueble en el que se posen.

Pensando en derogar este tipo de normas de la legislación actual, la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, instaló el Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano, una instancia constituida con el fin de asegurar que la función normativa del Estado sea coherente, racional y simplificada, y ofrezca seguridad jurídica a todos los ciudadanos.   

Este ejercicio trazará los lineamientos y estrategias conjuntas para la depuración del Ordenamiento Jurídico colombiano, suprimiendo del mismo las leyes y demás normas que se encuentren en desuso o que hayan cumplido con la función específica para la que fueron creadas.

El Viceministro de Promoción a la Justicia, Miguel Samper Strouss, señaló que "la fórmula que se ha venido adoptando, por lo general, es que al final de una ley se pone: 'Esta ley deroga las que le sean contrarias'. La idea es que esa derogatoria sea expresa, porque las contradicciones dependen también del intérprete, entonces lo importante es poder  aclarar ese panorama jurídico para todo operador".

Se estima que en Colombia cada año son expedidas 868 leyes y decretos, lo cual ha suscitado la llamada “hiperinflación normativa”, debido a lo cual hoy se cuenta en el país con más de 20.000 registros de normas,  sin contar las resoluciones y directivas presidenciales que hacen parte del ordenamiento jurídico, varias de las cuales ya no son aplicadas.

La meta es que en 2013 se pueda presentar un proyecto de ley al Congreso para prescindir de un número significativo de este tipo de normas del ordenamiento jurídico colombiano. 

La cantidad de leyes y decretos que serán derogados dependerá de un estudio que éste Comité emprenderá. "Vamos a seleccionar grupos de leyes y decretos por periodos de tiempo de cinco años. La idea es que al final del año el producto sea un decreto que derogue todas estas normas que están en desuso, así como un proyecto de ley para derogar las leyes que están absolutamente obsoletas y que no tienen ninguna aplicación" agregó el Viceministro Samper.