Lo que empezó como un “ajuste necesario” y se convirtió en una reforma tributaria le dio mucho trabajo esta semana al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Primero debió sostener largas jornadas con los ponentes para lograr un consenso sobre proyecto y, segundo, salir al paso de las críticas que desde diferentes sectores le llovieron.

Después de varias reuniones de concertación, se estableció para la ponencia de primer debate en el Congreso que el impuesto a la riqueza para personas jurídicas será pagado en 2015 sobre patrimonios líquidos superiores a $1.000 millones con una tasa máxima de 1,3%, la cual descenderá a 1% en 2016 y a 0,75% en 2017. A partir de 2018, el impuesto a la riqueza para personas jurídicas será derogado.

La ponencia propone que, por primera vez, la evasión tenga implicaciones penales en el país. Los contribuyentes que omitan activos o declaren pasivos inexistentes, tanto en el país como en el exterior, por un valor superior a $8.000 millones, podrían enfrentar penas de entre tres y ocho años.

El Ministro explicó que la clase media no resultará afectada con la puesta en marcha de la nueva reforma tributaria.

Y en diferentes escenarios ha hecho pedagogía para exponer las bondades de la reforma, con el fin de contrarrestar las críticas de los industriales y del sector agrario, especialmente.