Los dirigentes de las cuatro mayores economías de la eurozona, (Alemania, Francia, Italia y España) se reunirán el viernes en Roma para limar divergencias antes de la cumbre europea de finales de junio e intentar atajar una crisis que amenaza directamente a España e Italia.

El jefe de gobierno italiano, el tecnócrata Mario Monti, quien pretende mediar entre Francia y Alemania, recibirá en la capital italiana a las 12H00 GMT al presidente francés François Hollande, quien hizo una visita relámpago la semana pasada a Roma, a la canciller alemana, Angela Merkel, y al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.

La minicumbre "será la ocasión para definir una serie de convergencias" y tratar de llegar con "un compromiso" a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea del 28 y 29 de junio en Bruselas, adelantó el martes Hollande en el G20 celebrado en México.

El G20 presiona a Europa para que solucione una crisis interminable por la deuda soberana, que amenaza con contagiar al resto del mundo y desestabilizar el sistema financiero mundial.

Pero las esperanzas de definir en Roma las medidas para enfrentar la crisis fueron cercenadas por una fuente del gobierno italiano, que descartó que se llegue a presentar un paquete concreto, lo que podría ocurrir sólo en la cumbre europea.

Como la ayuda a los bancos españoles y la victoria de la derecha en las elecciones griegas no han logrado calmar a los mercados y se disparan las tasas de interés de España y las de Italia, situándose a niveles preocupantes, la cumbre europea de finales de junio resulta cada vez más crucial.

La Unión Europea va a "definir una hoja de ruta clara" para que el "euro sea más creíble" pero también para que se reactive "el crecimiento", explicó Monti desde la cumbre del G20 en Los Cabos.

François Hollande, quien propuso un "pacto para el crecimiento", comunicó ya su propia "hoja de ruta" a Bruselas.

El mandatario reclama inversiones de "efecto inmediato" de unos 120.000 millones de euros para realizar sobre todo grandes obras (redes, energías renovables, biotecnologías).

El dinero provendría de los fondos estructurales de la Unión Europea (UE), del Banco Europeo de Inversión, y de los "project bonds", empréstitos lanzados en común por varios países europeos para financiar grandes proyectos de infraestructuras continentales.

Lo más importante en este momento para los dirigentes europeos es evitar propuestas decepcionantes, prometer el oro y el moro, lo que generaría de nuevo más desconfianza en los mercados.

Por ello el mandatario socialista francés tendrá que llegar a un acuerdo con la canciller Merkel, apóstol de la austeridad y de la integración presupuestaria y política.

Pero las divisiones son profundas sobre muchos temas.

Frente al crecimiento, Angela Merkel invita sobre todo a adoptar reformas estructurales que incrementen la competitividad.

Berlín se opone además a toda forma de mutualización de la deuda, mientras París, apoyada por Mario Monti, propone lanzar los "euro-bills", títulos de la deuda a corto plazo, o fondos para amortizar la deuda, antes de llegar a crear los "eurobonos".

Sobre el tema de la unión bancaria, existe casi un consenso sobre la necesidad de una supervisión integrada, pero Alemania rechaza una garantía común para los depósitos bancarios de cada país, una idea que defienden en cambio París, Roma y Madrid.

Berlín se opone también a conceder una licencia bancaria al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que entrará en vigor el 9 de julio del 2012, para poder recapitalizar a los bancos en dificultades.

Igualmente se opone a la idea de Monti de que se excluyan las inversiones estratégicas de los cálculos del déficit, una propuesta que Francia está dispuesta a estudiar.

La minicumbre será la ocasión para Merkel de impulsar la iniciativa que varios países europeos están dispuestos a poner en marcha: la tasa a las transacciones financieras.

Según su portavoz, Merkel espera que Hollande sea su "aliado" para superar la oposición frontal del Reino Unido y lograr que un grupo de países debatan la activación de un proceso de cooperación reforzada que permitiría introducir el impuesto en los países que así lo decidan, siempre que se sumen al menos nueve de los 27 miembros de la UE.