Gustavo Veloza Posada

Periodista El Nuevo Siglo

 

La mini reforma tributaria que el Gobierno presentará en la actual legislatura buscará recursos adicionales para cumplir los dineros que requiere el sector agropecuario por 5 billones de pesos y para mantener el gasto en seguridad.

Los recursos que se destinen al agro deberán salir del impuesto al 4 por mil, que sin duda se va a extender como ya lo sostuvo el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a El Nuevo Siglo, mientras que los otros recursos serán producto del impuesto al patrimonio, que asimismo se prolongará.

Al realizar un análisis sobre el presupuesto para el 2015, Cárdenas sostuvo que “se va a requerir un esfuerzo adicional en materia de ingresos, porque el año entrante desaparecería el impuesto del patrimonio y dos puntos del 4X1000 que es necesario mantener. Es necesario que esos recursos no se vayan a perder”.

Financiación

Sobre la forma de adelantar la mini-reforma tributaria a partir del Presupuesto del 2015, el jefe de la cartera de finanzas dijo que “el presupuesto va a llevar en paralelo un proyecto de ley que va de la mano a ese tránsito en simultánea, en el que se mantiene el 4 por mil y se mantiene el impuesto del patrimonio”.

En su justificación sobre esta reforma, Cárdenas sostuvo que “es muy difícil mantener el presupuesto de 5 billones de pesos en el agro sin mantener el 4X1000, y en sector de defensa y seguridad el aumento del pie de fuerza ya obliga mantener esa fuente en el impuesto del patrimonio. Necesitamos el impuesto del patrimonio y el 4X1000 para darle sostenibilidad al gasto en defensa y al programa de 5 billones de pesos para el agro colombiano, para el desarrollo rural”.

Frente a este panorama, el Director de Research y economista
jefe de Credicorp Capital Colombia, Daniel Velandia, en un detenido análisis sobre la situación del país, señaló que “nuestro optimismo con respecto a la economía colombiana tras las reformas aprobadas en los últimos años (regalías, reforma tributaria, regla fiscal y la nueva ley de infraestructura), las cuales tienen el potencial de conllevar mayores tasas de crecimiento en el mediano y largo plazos, además de una distribución más equitativa del ingreso”.

La dependencia

Sostuvo el experto que “también consideramos positivo el hecho de que el Gobierno reconozca los riesgos provenientes de depender significativamente del petróleo, en especial al considerar la volatilidad de los precios del mismo. Adicionalmente cabe recordar que el país se encuentra ampliamente inexplorado en términos de minería y petróleo, por lo que se mantiene un importante potencial, si bien creemos que es importante que el Gobierno haga mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia de los procesos de asignación de licencias ambientales y negociaciones con las comunidades”.

Indicó que “sin embargo, también parece ser cierto, a partir del marco fiscal de mediano plazo, que hay una necesidad apremiante de nuevas fuentes de ingresos fiscales no sólo para cumplir los lineamientos de la regla fiscal, sino también para cubrir los eventuales compromisos asociados con el agro, la salud, el posconflicto y la infraestructura. De acuerdo con lo anterior, esperamos y consideramos conveniente que el Gobierno presente ante el Congreso una reforma tributaria estructural que logre conseguir dos puntos adicionales de recaudo como porcentaje del PIB, sugerido por numerosos think tanks, con el propósito de cumplir los crecientes compromisos del Gobierno, permitir mayores tasas de crecimiento en el mediano plazo, mejorar la distribución del ingreso y continuar dando cumplimiento a los lineamientos de la regla fiscal”.

Capital y trabajo

Por otra parte, el analista, consultor e investigador, Eduardo Sarmiento Palacio, analizó el panorama con otra reforma tributaria. “Durante dos años señalé reiteradamente las deficiencias de la reforma tributaria de 2012. En aras de aliviar la carga tributaria de la empresa, con el fin de aumentar el empleo y la competitividad externa, el Gobierno se comprometió en un expediente que eleva los gravámenes del capital y baja los del trabajo. En cierta forma, se siguió con la concepción de los últimos 20 años de gravar el trabajo y los bienes necesarios, que por tener ofertas inelásticas, le introducen menores distorsiones al mercado y fortalecen el recaudo”.

La reforma de 2012 bajó los impuestos al capital y subió los del trabajo para aumentar el trabajo y reducir la informalidad. El propósito no se logró y, en su lugar se redujo la capacidad de recaudo y se acentuó la regresividad. Ahora se pretende profundizar la inequidad para mejorar la capacidad de recaudo. La anarquía no podrá detenerse mientras no se acepte el insuceso de la reforma de 2012 y de paso atrás retornando la tasa de las personas jurídicas a 32%.

El país no tiene claridad sobre la política fiscal. La costumbre es presentar las reformas como un medio para gravar más a los que tienen más, pero en la práctica se hace lo contrario. Esa actitud tiene una clara responsabilidad en las enormes desigualdades de la sociedad colombiana. Una de las condiciones necesarias para remontar los elevados índices de inequidad es una política fiscal que, por el lado tributario modere las ganancias del capital y, por el lado del gasto, eleve los ingresos del 50% más pobre.

Elevar recaudo

A su turno, el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar Gómez, dice que se requiere una pronta reforma tributaria equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Son necesidades de recursos que contrastan con el hecho de que va a caer el recaudo por impuesto del 4 por mil e impuesto al patrimonio.

Villar Gómez asegura que “el desmonte de esos dos impuestos hace que haya que reponer el recaudo correspondiente y, además, todos los demás propósitos obligan a generar recursos adicionales. Entonces, la perspectiva que tenemos es que hay que hacer una reforma tributaria de mínimo dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) -esto viene a ser como $14 billones-. Este monto incluye lo que corresponde al 4 por mil y al impuesto al patrimonio. Si estos impuestos se renovaran o se sustituyeran por algo parecido, pues estaría un poco más de la mitad cubierta. Sin embargo habría que complementar con algo más”.

Sostiene que “los retos son en muchos frentes. Hay que bajar gastos, controlar la corrupción. Hay necesidades de gasto, por ejemplo, en el sector agropecuario que es particularmente importante en el contexto de un proceso de paz. Aun si no hay proceso será indispensable aumentar la inversión en esta área, porque allí se concentra la pobreza y las dificultades sociales están aflorando con los paros”.

Asegura que “el impuesto al patrimonio se estableció para aumentar el financiamiento del sector de defensa, ese impuesto hoy se utiliza para sostener un mayor pie de fuerza. Da $4 billones al año y el aumento del pie de fuerza cuesta $3 billones, entonces se necesita. Y en el 4x1000 teníamos toda la intención de bajarlo, pero surgió la necesidad de aumentar el presupuesto agropecuario. Ese es un compromiso del país con la familia campesina. No podemos ahora bajar ese presupuesto, esos $5 billones. Necesitamos esos recaudos. No los podemos desmontar en este momento”.

Los ajustes

“No hablo de ‘mini’ reforma ni de reforma tributaria estructural. Hay que hacer ajustes. El primero es mantener el 4x1000, ahí no habrá subida de impuestos, simplemente se mantienen. Y el otro tema es que necesitamos que los capitales colombianos que están en el exterior paguen impuestos aquí. No creo que sea una reforma estructural, que al estatuto tributario haya que ponerlo patas arriba, creo en un proceso incremental de ir haciendo ajustes para que en Colombia aumente el nivel de tributación como porcentaje del Producto Interno Bruto para enfrentar todos los desafíos que tenemos hacia delante”, señala.

Lo inevitable

El rector del CESA, José Manuel Restrepo, sostiene en un juicioso análisis sobre las reformas que “parece ya parte de nuestra historia el tener que soportar con bastante frecuencia, y por lo menos una vez en cada gobierno, una nueva reforma tributaria. Se repite, así el candidato correspondiente haya prometido una y otra vez que durante su gobierno no existirá ajuste tributario, situación que en la última campaña por lo menos no sucedió, ante el anuncio de ambos candidatos de inevitablemente tener que hacerlo fiscalmente”.

Señala que “parte del fracaso en las reformas tributarias anteriores es que los impuestos que creíamos eran coyunturales, como el 4 por mil o el del patrimonio, ya son estructurales y ahora nos dicen que su desmonte necesita una reforma que los compense. Pregunto nuevamente, ¿acaso no eran coyunturales?”.

Apunta que “lo simpático de las propuestas es que la reforma tributaria siempre se vuelve inevitable a muy corto plazo por distintas razones, lo que comprobaría que la anterior reforma estuvo mal diseñada. Parte de la política de estabilidad macroeconómica y de confianza y seguridad a los inversionistas es contar con un sistema tributario relativamente estable y coherente. Este anhelo de estabilidad tiene varias excepciones en el caso colombiano y naturalmente incide en oportunidades de inversión que se pierden para el país”.

Los indicadores

Asegura que “por lo visto no es suficiente el destacado resultado macro, un crecimiento del 6,4% en el primer trimestre o las estimaciones de un 5% o más para este 2014, que se supone son fuente de mayores ingresos fiscales”.

El rector del CESA dice que “sin duda el país necesita recursos nuevos para una mejor educación, para los sistemas de salud, para las viviendas gratis, para permitirnos mejor infraestructura, para enfrentar los acuerdos que surjan del proceso de paz, para tanto compromiso de campaña y en general para reducir los niveles de pobreza e inequidad de oportunidades. Lo que no puede ser es que dichos recursos vengan exclusivamente de la misma población de siempre, llámense aquellos que se someten persistente y rigurosamente a ser gravados o aquellos a los que es más fácil gravarlos (clase media trabajadora)”.

El país necesita revisar si es conveniente sostener el privilegio que tienen las rentas de capital (impuesto a los dividendos), o estudiar cómo elevar los valores catastrales o tarifas impositivas en propiedades de activos rurales (tierras y ganado) y urbanos, que supondrían fuentes adicionales de recursos. Es también necesario hacer un esfuerzo mucho más profundo en evitar la evasión y la elusión, como se hizo con el IMAN en el impuesto de renta. Y finalmente es indispensable controlar el contrabando que nos está desbordando. Dicen algunos que se hace indispensable un control en los impuestos regionales y en los abusos en contratación en municipios y departamentos, en donde se percibe cierto derroche e ineficiencia en el gasto público, con la mirada hacia otro lado de los organismos de control.

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo

Frente al deterioro esperado de las cuentas del Gobierno, en junio pasado se creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2014), el cual vino con varios aspectos negativos:

• El déficit efectivo (observado) del Gobierno Nacional Central (GNC) será mayor al déficit estructural establecido por la Regla Fiscal hasta 2021. Esta nueva senda estimada implica un importante deterioro frente a la presentada en los MFMP de 2012 y 2013.

• El déficit proyectado para el Sector Público Consolidado (SPC) se revisó de 1.0% del PIB a 1.6% para 2014, y de 0.7% a 1.2% en 2015.

• El Gobierno realizó una importante revisión a la producción esperada de petróleo para los próximos años, la cual resulta inferior en cerca de 100 kbpd en su nivel máximo (2018) en relación con la estimación previa, imponiendo riesgos fiscales a futuro.

A pesar de que lo anterior no implica el incumplimiento de la regla fiscal considerando que ésta  aplica sobre el GNC y que una brecha del producto más negativa que la estimada previamente (según el documento) brinda espacio para un déficit observado mayor que el estructural, lo cierto es que parece cada vez más evidente la necesidad de una reforma tributaria estructural en el futuro cercano, no solo por la menor expectativa de ingresos por petróleo, sino por el posible aumento en los compromisos del Gobierno para los próximos años (posconflicto, reforma a la salud, programas de desarrollo agrícola, infraestructura, etc.).

 

La posición de la Corte Constitucional

 

 

Hace pocos días, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó los argumentos de una demanda que solicitaba declarar inexequible la ley 1607 del 2012 mediante la cual se dio vía libre a la reforma tributaria.

Se trataba de una demanda radicada contra la Ley 1607 de 2012, por medio de la cual el Gobierno adelantó la última reforma tributaria en la que se argumentaban supuestos vicios durante su trámite.

Al respecto la Sala Plena de la Corte Constitucional desestimó los argumentos del demandante y acogió la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos dejando en firme la ley.

Sin embargo en su decisión, la corporación declaró inexequible los artículos relacionados con la destinación económica para San Andrés y Providencia.

Dichos artículos creaban el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, una subcuenta para el archipiélago con el fin de apoyar “el financiamiento de programas y proyectos de inversión para la atención de las necesidades que surjan por la ocurrencia de un hecho o circunstancia que genere un efecto económico y social negativo de carácter prolongado”.
Cabe recordar que esta reforma tributaria creó el  Impuesto Mínimo Alternativo y el Impuesto sobre la Renta para Sociedades.

Además desmontó los parafiscales para que las empresas generen más impuestos, entre otros aspectos.

 

La inequidad del sistema

 

 

El profesor Eduardo Sarmiento, explica que “la regresividad del sistema se refleja claramente en la información reportada por la DIAN. Mientras las empresas tienen tasas de retención en la fuente del 3%, las personas naturales con ingresos superiores a $5 millones sufragan por encima del 6% y hasta el 20%. Por lo demás, los recaudos tributarios por la reducción de los parafiscales no alcanzó a compensarse con el impuesto a las utilidades (CREE). Para completar, la reducción de la dispersión del impuesto al valor agregado (IVA) significó la elevación de las tarifas relativas de los bienes necesarios.

No menos diciente es la información del recaudo en lo corrido del año”. El impuesto a la renta crece cerca de 0 en términos reales y el de las ventas alrededor del 7%. La dinámica fiscal cambió radicalmente. Antes de la reforma los ingresos tributarios y los recaudos de la renta crecieron muy por encima del producto nacional y más que el IVA, y ahora ocurre lo contrario. El sistema se hizo más inequitativo: los gravámenes directos perdieron progresividad y avanzan de manera más lenta que los indirectos.

La reforma no alcanzó los objetivos previstos. La menor carga tributaria a las empresas no ha afectado mayormente el empleo y la informalidad. El empleo creado en el año y medio que siguió a la reforma es menor que al mismo período que la antecedió y los índices de informalidad no registran variaciones significativas. De otro lado, los efectos sobre la competitividad están muy lejos de compensar la cuantiosa revaluación del tipo de cambio. En el año y medio que siguió a la reforma las exportaciones industriales y agrícolas descendieron con respecto a la tendencia histórica.

El Gobierno y los centros de estudio, que negaron el resultado descrito, lo acabaron reconociendo ante la evidencia de los hechos. La administración se encuentra ante necesidades en salud, educación e infraestructura que no las puede afrontar con la estructura fiscal existente. Así lo claman los defensores de la reforma, que en la angustia proponen elevar más los gravámenes a las personas naturales, es decir, a los ingresos del trabajo.

 

Asobancaria: 4 por mil es antitécnico

 

 

Por considerar que es un impuesto que hace mucho daño al país, y es antitécnico, la presidenta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) María Mercedes Cuéllar consideró que este tributo debe ser desmontado para desestimular el uso del efectivo que alcanza niveles de los años 40.

Ante el anuncio del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de postergar el desmonte e incluir su continuidad en la próxima reforma tributaria que alista el Gobierno, la presidenta de Asobancaria, dijo que es muy malo para el país porque el uso del efectivo se ha devuelto a las cifras de los años 40. “Ya el ministro anunció que iban a postergar el desmonte y realmente eso le hace mucho daño al país. Pero es efectivo para recaudar impuestos”, dijo la titular del gremio que representa a los banqueros.

Señaló que por culpa de este servicio el país es uno de los que más usa el efectivo en el mundo, estamos como si no hubiera ningún desarrollo de la banca en el uso del efectivo.

Cuando se habla de desmontar este tributo todos dicen que sí, pero a la hora de tomar la decisión nadie lo desmonta, dijo María Mercedes Cuéllar.

La dirigente gremial resaltó que antes de aprobar este impuesto “en los medios de pago de la masa monetaria solamente había un 30% en billetes y ahora es 50 (por ciento) eso vale como cerca de 18 billones de pesos”.

Durante la presentación del Presupuesto General para 2015 que el Gobierno del presidente Santos aforó en 167 billones de pesos, excluyendo la deuda y los intereses, el ministro de Hacienda dijo que alista una reforma tributaria para aplazar el desmonte del impuesto del cuatro por mil y para continuar con el impuesto al patrimonio.

 

Impuesto a los dividendos

 

 

Algunos analistas consideraron que se debe hacer algo que no se ha hecho en Colombia y es la tributación sobre rentas de capital; acá no pagan impuestos los dividendos. En Chile, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se pagan. Colombia tiene que volver a pensar en eso. 

Hay que volver a evitar la confusión entre gravar rentas de capital y gravar a las empresas. En Colombia existe la concepción equivocada de que gravando a las empresas se ponen impuestos a los ricos. Las empresas en sí mismas no son ricas; los ricos son los dueños. Sería deseable reducir la tributación que las compañías pagan como tal porque eso estimula la actividad productiva.

Sin embargo, algunos congresistas rechazaron la propuesta al considerarla doble tributación.

Para el miembro de la Comisión Cuarta, senador Álvaro Asthon, no es prudente considerar tal iniciativa, pues “no podría estar de acuerdo con que se haga un doble gravamen, porque una persona natural percibe ingresos por concepto de dividendo de una empresa, y esos ingresos son renta de capital, que los declara y paga impuesto sobre eso”.

Asthon indicó a EL NUEVO SIGLO que si el ciudadano paga impuestos sobre los ingresos que percibe como dividendos, “que son resultados económicos de una inversión que tiene, no tendría sentido que pague impuestos por dividendo y que a la vez pague impuestos por la renta que percibe, productos de esos mismos dividendos, pues sería una doble tributación”.

Por ello, la opinión es la de que tal propuesta no tendría viabilidad en el Legislativo ya que “aquí hemos luchado siempre para evitar la doble tributación, eso no va a estimular en nada a la inversión”.

Una posición similar es la del también senador y miembro de dicha célula legislativa, Iván Name, quien sostuvo que con un soporte o sustento técnico de fondo, “hay otras fórmulas para hacer un recaudo eficiente para recoger nuevos recursos para el Estado”.