Con la intención central de frenar lo que consideran una persecución y queriendo ser tenidos en cuenta en la redacción de la reforma al Código Minero, los pequeños, medianos y artesanales explotadores de recursos minerales, agremiados en la Confederación Nacional del Mineros de Colombia (Conalminercol), comenzarían un cese de actividades el próximo jueves.
Carlos Ignacio Vélez, que se presenta como “un conservador de toda la vida”, es el secretario de la Mesa Ambiental de Conalminercol. Vélez le dijo a EL NUEVO SIGLO que lo único que pretenden es ser escuchados y concertar la legalización de su actividad.
El drama de los pequeños, medianos y artesanales mineros está relacionado con la Ley 1382, que reformó el Código de Minas, declarada el 11 de mayo inexequible por la Corte Constitucional, que consideró que en su trámite se omitió el deber de consulta a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, difirió los efectos de la inconstitucionalidad a dos años para permitir al Congreso realizar el trámite legislativo correspondiente y llevar a cabo la consulta respectiva.
A la luz de esa ley, el Gobierno expidió el Decreto 2715, que promovía la legalización de la actividad, aun sin títulos, permitiendo, por ejemplo, la obtención de vigilancia ambiental que corrigiera cualquier daño que se estuviera produciendo al ecosistema. Los mineros paisas, por ejemplo, comentó Vélez, recibieron apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) para establecer procesos de mitigación de los daños ocasionados.
Una respuesta masiva, concretada en un número de entre 14.000 y 19.000 solicitudes, dio cuenta, sostuvo Vélez, del interés por legalizarse. Pero entonces, en febrero de 2011, mucho antes del pronunciamiento de la Corte, el Ministerio de Minas congeló esa legalización a través de la Resolución 180099, prorrogada en junio por la Resolución 181233.
Este fin de semana, en un comunicado firmado por Luis Ramiro Restrepo y Luz Stella Ramírez, presidente y directora ejecutiva de Conalminercol, los mineros rechazaron “de manera rotunda los señalamientos” del ministro de Minas Mauricio Cárdenas, quien habría asegurado “que los mineros de Colombia seremos ‘tratados como narcotraficantes’ porque según él ‘somos la nueva coca del país’. Este tratamiento peligroso y atentatorio de nuestros derechos constitucionales fundamentales a la vida, trabajo, honra y dignidad, amenaza nuestra existencia como productores y trabajadores al servicio de los intereses nacionales”.
“No somos bandidos”, le dijo Vélez a este Diario. “Somos víctimas de los bandidos”, aseguró, recordando como grupos paramilitares y guerrilleros los han asediado desde hace años.
Eduardo Chaparro, director ejecutivo de la Cámara de Asomineros de la Andi, considera que “en Colombia no existe, en términos legales ni en términos operativos, minería ilegal”, porque eso es “meter de manera injusta en el mismo saco” a pequeños mineros, a otros en tránsito de formalización, a los mineros tradicionales, que distan mucho de ser los explotadores ilícitos que según el Gobierno contribuyen al financiamiento de grupos al margen de la ley.
Exigiendo que terminen esos señalamientos, que califican como una persecución, los mineros le piden “al Gobierno Nacional un acuerdo concertado para la construcción de una política pública minera incluyente y democrática”.
El Gobierno ya tiene un proyecto de reforma al Código Minero que había pensado radicar en el Congreso a finales de este año.
Hasta ahora, según fuentes del Ministerio de Minas consultadas por este Diario, el proyecto busca modificar las políticas de acceso al minero solicitante de los títulos mineros, impone más garantías en la ejecución de las obligaciones mineras, da más control a la entidad concedente sobre la gestión del título minero, y establece como disposiciones nuevas la adopción de medidas de control a la comercialización de minerales.
Para los mineros pequeños, medianos y artesanales, ese control de acceso va en detrimento suyo que, aseguran, extraen el 85 por ciento del oro que produce el país, pagan regalías que son retenidas en el momento de vender el mineral y aportan a la seguridad social de sus trabajadores, entre otras manifestaciones de su actividad económica; y en cambio, favorece solo a la gran minería transnacional, con el fin de darle combustible a la “locomotora minera”.
Con base en ese borrador, en una reciente publicación de Interbolsa, los analistas consideraron que la iniciativa “está enfocada en agilizar y regular las prácticas legales y administrativas relacionadas a la industria minera. Sobresale el propósito de combatir la minería ilegal, el establecimiento de exigencias más rigurosas a los contratistas y empresas del sector”.
Según Claudia Jiménez, presidenta del Sector de la Minería a Gran Escala que agremia a las 13 empresas mineras más grandes del país, “para que Colombia camine hacia ser un país minero equitativo y competitivo, requiere una normatividad no sólo moderna, sino y sobre todo estable, abierta a la inversión y que garantice la seguridad jurídica”.