Por falsos rumores sobre la prohibición de la minería artesanal, se desató un problema de orden público que tiene con toque de queda a Remedios y Segovia. Rechazo a la violencia desde distintos estamentos. Preocupación entre los empresarios. 

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La tensión social que se vive en el nordeste de Antioquia elevada por un paro minero, puso al descubierto los intereses sobre el futuro de este sector en el país. En el medio se registra un pulso entre los mineros artesanales, las empresas legalmente autorizadas para la explotación y los grupos que realizan la minería ilegal.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel Urdinola, calificó “como unos vándalos, que no mineros”, a los promotores del llamado paro minero que se desarrolla desde hace más de una semana en Segovia y Remedios, y que ya deja 27 heridos, permanentes bloqueos viales y cuantiosas pérdidas económicas.

Urdinola señaló algunos medios que "los señores de allí son mineros ilegales y están afectando a los mineros legales que han querido ir a trabajar".

Luego anotó que en la zona se está frente a vándalos y la Policía está haciendo frente a un grupo bien organizado, armado y que hace minería ilegal vertiendo mercurio a los ríos y causando mucho daño.

Señaló que cada vez que el Gobierno toma una medida para regular la actividad, estos señores salen a marchar, a generar problemas para defender su actividad ilegal.

"Hay actos demenciales de lo que el país se hartó, hay que dar soluciones definitivas. El país se cansó de la minería ilegal que está acabando con Colombia", señaló Ángel Urdinola.

Parálisis

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se mostró preocupado por la situación de orden público que se vive en los municipios mineros.

El mandatario seccional dijo que el paro minero se originó por un falso rumor de una supuesta intervención contra mineros informales en el nordeste antioqueño.

Hasta el momento se desconocen las pérdidas económicas por la parálisis en la explotación minera que se adelanta en la región.

Durante los últimos dos días se han recrudecido los enfrentamientos entre la población civil y el Esmad, lo que ha dejado más de una decena de heridos y denuncias de manifestantes sobre abusos de la Fuerza Pública.

Según informaciones de la Mesa Minera, en las últimas horas se registraron 17 personas heridas en Remedios, de las cuales 9 tuvieron que ser remitidas a Medellín. De ellas, 8 presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Según la Mesa, esta es una muestra de abusos de fuerza por parte del Esmad.

En Segovia, entre tanto, fueron 7 los heridos remitidos, 4 de ellos evacuados en helicóptero durante la madrugada del miércoles.

La Mesa denunció que uno de los afectados en Segovia sufrió amputación de su mano derecha y perforación por impacto de bala en el abdomen; mientras que 260 personas -entre ellas niños, ancianos y embarazadas- tuvieron que ser atendidas por inhalación de gases.

Manos criminales

Para el gobernador Luis Pérez hay manos criminales infiltradas en la protesta y dijo que varias bandas que venden explosivos, así como un reducto del Eln, integrantes del Clan del Golfo y hasta miembros de las Farc propietarios de minas ilegales, estarían detrás de los actos vandálicos en Segovia y Remedios.

El Mandatario explicó que las manifestaciones se producen en contra de medidas de carácter nacional y que la decisión de prohibir el mercurio en la minería no se va a revertir. Afirmó que ya se han legalizado más de 30 minas y que hay unas siete en las que no se ha podido llegar a un acuerdo para su formalización.

“En la Gobernación hemos venido trabajando de forma armónica con mineros ancestrales que tienen derechos en las zonas, hemos avanzado en solicitudes de ellos y de empresarios”, aseguró Pérez.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de $50 millones a cambio de información que permita identificar a los actores armados que podrían estar infiltrados en la protesta.

Sin embargo el Mandatario reconoció que la manifestación es legal y que sí hay muchos manifestantes que llegaron a la zona llevados por la agremiación que los representa.

Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de ambos municipios, aseguró que las personas que están protestando son todos mineros artesanales y que fue el Esmad el que llegó a alterar el orden público. “El Gobierno quiere terminar la minería artesanal y ancestral de nuestros territorios”, denunció.

Plan de emergencia

GranColombiaGold anunció que la compañía está realizando los trabajos pertinentes para reparar el tubo del acueducto Doña Ana, propiedad de la compañía, el cual se rompió por la detonación de explosivos por parte de desconocidos el sábado pasado en horas de la noche.

El costo de la reparación asciende a $500 millones y genera la suspensión al 100% de la operación de la planta de agua, mientras esta se repara. Este acueducto surte agua tratada a habitantes de Segovia y Remedios, entre los que se encuentran más de 15 barrios como el Manzanillo, La Primavera; La Cruzada, además de La Unidad Educativa La Salada y el Batallón Especial y Energético Vial N. 8, entre otros.

Además, la multinacional informó que sólo ha podido llegar a laborar el 30% de sus empleados, porque el bus que transportaba al personal desde Medellín a Segovia tuvo que detenerse por bloqueos en sectores como Otú y Partidas de Zaragoza, bus que además fue escoltado por el Esmad puesto que como informaron los empleados, el transporte fue atacado por los manifestantes quienes lanzaron piedras.

El plan de emergencia sigue siendo desarrollado según informó la compañía, con el fin de atender las necesidades críticas de la operación de las minas y de la planta y rechaza de manera vehemente las vías de hecho como bloqueo de vías, extorsión e intimidación a los habitantes de los municipios, actos vandálicos, que se han registrado durante los días del paro minero.

GranColombiaGold hizo un llamado a la Mesa Minera de Segovia y Remedios para que se respete el derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción, el derecho a la educación de los niños y otros fundamentales establecidos en la Constitución Política.

Condena a los hechos

El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, Gdiam, condenó los hechos ocurridos el pasado viernes 28 de julio, en los que murieron seis contratistas de la empresa minera Continental Gold, que se encontraban realizando una inspección subterránea de rutina en una mina ilegal que operaba en su título minero, ubicada en la vereda Los Asientos del Municipio de Buriticá.

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