“La minería ilegal ha rebasado la capacidad de respuesta institucional y va más allá de requerimientos y procesos sancionatorios de las corporaciones autónomas regionales, pues se trata de un problema estructural que requiere una política de Estado”, manifestó esta tarde la Procuraduría a través de un comunicado.

En la comunicación, el Ministerio Público anunció que le solicitó a la Corte Constitucional que declare el ‘Estado de Cosas Inconstitucionales’, fundamentada en la grave crisis humana, social y ambiental del Chocó, que no solamente afecta el Río Atrato, sino a su principal cuenca hidrográfica, el Río San Juan, al igual que propone generar un gran debate científico ambiental frente a la pertinencia de la explotación minera en ese departamento.

La Procuraduría dio a conocer lo anterior al presentar una serie de observaciones y preocupaciones sobre la minería ilegal en Chocó, luego de visita realizada a ese departamento donde lideró una audiencia pública sobre el particular.

“Corresponde al Estado colombiano, dentro del marco del posconflicto, generar políticas públicas, las cuales deben responder a criterios serios de sostenibilidad, pertinencia, productividad y competitividad, atendiendo a un etnodesarrollo debidamente consultado y concertado previamente, con el fin de abrir nuevas fronteras de desarrollo que no transiten necesariamente por actividades de alto impacto”, señaló el órgano de control a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 

Finalmente, se indica que el Gobierno nacional debe entender que las autoridades chocoanas no cuentan con la infraestructura ni la capacidad para luchar solas contra este fenómeno, que además cuenta con una gran dosis de criminalidad de grupos guerrilleros y delincuenciales.