Minería ilegal amenaza la vida de 2.400 personas en Bolívar | El Nuevo Siglo
Martes, 8 de Julio de 2014

La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio visitó la población Mina Santa Cruz, donde la extracción de oro se realiza debajo de las viviendas, ocasionando una grave falla geológica.

La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio instó a las autoridades a que tomen medidas urgentes para proteger la vida de 2.400 personas que integran 650 familias en el corregimiento Mina Santa Cruz del municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar, debido a que sus casas se están cayendo por los socavones que abrieron para buscar oro.

 

Durante una visita humanitaria de la Defensoría, se pudo constatar que las viviendas y las calles están agrietadas y que algunas edificaciones incluso ya colapsaron, como ocurrió el año pasado con los salones de los niños de preescolar y primero de primaria de la institución educativa Simón Bolívar.

 

En un informe de la Gobernación de Bolívar, del Comité de Prevención de Desastres y un geólogo de la Secretaría de Minas de la Gobernación se estableció que las fallas se deben, al parecer, a los socavones que la misma comunidad ha abierto para la explotación minera.

 

En algunos casos son huecos hasta de 5 metros de profundidad que abren en los patios de las casas, y tienen un recorrido horizontal que supera los 10 metros. A ellos ingresan los hombres sin cascos, vistiendo solo camisetas, utilizando como calzado unas chancletas y en ocasiones completamente descalzos, es decir sin las mínimas condiciones de seguridad requeridas.

 

Generalmente, estos mineros artesanales bajan a los socavones usando sogas o por escaleras rústicas hechas con troncos. En la medida en que van abriendo camino bajo la tierra, dejan soportes improvisados de madera que tampoco son fiables para su integridad.

 

Lo más grave, además del riesgo para la vida de los mineros dentro de estos socavones irregulares, es que los huecos desgastan y acaban los cimientos de las construcciones, lo cual termina poniendo en peligro a las familias de estos trabajadores. 

 

Los funcionarios que estuvieron en el terreno observaron cómo esta fiebre por el oro ha significado la apertura de túneles en una colina del corregimiento, a la que los mismos habitantes llaman “la montaña hueca”, símbolo forzoso de esta población a la que sólo es posible acceder luego de un viaje de ocho horas en chalupa.

 

La Defensoría del Pueblo, a través de su regional en el Magdalena Medio, envió requerimientos al Ministerio de Minas y Energía, a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía de Barranco de Loba para que se haga la reubicación de las 2.400 personas afectadas, “con lo cual se evitaría una catástrofe de incalculables proporciones”. Según el propio mandatario del municipio de Barranco de Loba, existe un lote para hacer efectivo ese traslado, pero advirtió que no cuentan con el presupuesto para llevarlo a cabo.

 

Vale la pena indicar que no obstante esta situación, la comunidad conformó un comité de mineros artesanales, con títulos legales para la extracción de oro, con el que han logrado construir un puesto de salud, una sede social y comprar una chalupa ambulancia. Sin embargo, la extracción que se hace en zonas no adecuadas ni autorizadas, es decir, la minería ilegal, es la que los tiene en riesgo.