Como lo anticipó EL NUEVO SIGLO, la reforma al fuero militar que fue aprobada por el Congreso de la República se hundió en la Corte Constitucional con votación 5-4. El alto tribunal consideró que hubo vicios de forma en el trámite de la iniciativa.

"Teniendo en cuenta la entidad de los vicios identificados, la Corte Constitucional consideró que (la reforma al fuero militar) no podía ser devuelta al Congreso para que fuera saneada", dijo el presidente del tribunal Jorge Iván Palacio al anunciar el fallo votado por cinco magistrados con cuatro en contra.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó esa decisión como "un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas", y dijo que el presidente Juan Manuel Santos seguirá insistiendo en extender el alcance de la justicia militar, en un comunicado divulgado tras conocerse la decisión de la Corte.

"Este debate es necesario darlo en cualquier escenario por el bien de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, y por el bien de Colombia", dijo el ministro.

La ampliación del fuero militar, que implicaba una reforma Constitucional por lo que el tribunal que vigila la Carta Magna debía aprobarla o rechazarla, recibió severos cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Cuando el Congreso debatía esa norma, la Organización de Naciones Unidas (ONU) la consideró como "totalmente innecesaria".

Con la nueva ley se extendían las competencias de los tribunales castrenses para juzgar a los militares, que sólo podrían ser sometidos a la justicia ordinaria en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Todas las demás infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado habrían pasado a la jurisdicción militar.

En un intento por reducir los efectos de la decisión de la Corte Constitucional, el ministro Pinzón anunció que presentará al Congreso con mensaje de urgencia un proyecto de ley para crear un fondo de defensa de los de los uniformados involucrados en investigaciones por abusos cometidos en actos del servicio.