Diez bases militares serán instaladas en diciembre en el mayor valle cocalero de Perú como parte de una nueva política del gobierno peruano, que impulsa una ley para dar una mayor injerencia a las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas, considerada riesgosa por los analistas.

Las diez bases estarán ubicadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una amplia región montañosa que se extiende desde la selva sudeste hasta la selva central, donde operan bandas de narcotraficantes en alianza con grupos residuales de la guerrilla Sendero Luminoso.

"La participación de las fuerzas armadas en la lucha antidrogas es completamente inconveniente porque existe una mala experiencia en los años 90 en que hubo una corrupción desbocada de los militares por influencia del narcotráfico", dijo a la AFP el exministro del Interior Fernando Rospigliosi.

Una opinión similar brindó Jaime Antezana, analista en temas de drogas y subversión, quien refirió que si se aprueba el polémico proyecto de ley se entraría a una "militarización de la lucha antidrogas".

Según las Naciones Unidas, Perú es el segundo país del mundo con mayor superficie cultivada de coca, por detrás de Colombia, aunque por delante de Bolivia.

La agencia antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) calcula que Perú es el mayor productor mundial de cocaína con 325 toneladas al año.

La comisión de Defensa del Congreso aprobó el martes un proyecto de ley que busca eliminar trabas constitucionales para dar a las FFAA mayor capacidad de acción, según explicó el legislador oficialista José Urquizo, presidente de ese grupo parlamentario.

Por su parte, el primer ministro Juan Jiménez dijo este viernes que en el Vraem se vive "un teatro de operaciones de guerra en donde terroristas quieren poner en jaque al Estado, y esto implica, en un estado de emergencia, la intervención militar de las fuerzas armadas".

A su vez el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, precisó que el gobierno enfrenta a dos enemigos: "Los senderistas y a los narcos que los financian, que juntos pretenden amedrentar a la democracia, y la decisión del gobierno es enfrentarlos".