La posibilidad de que los militares muertos, heridos o afectados de una u otra manera por el conflicto armado en Colombia, e incluso los guerrilleros, sean considerados como víctimas al amparo de la Ley 1449 de junio de 2011, sigue dividiendo opiniones.
El artículo 3° establece que “se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
“También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.
Y el parágrafo 1° señala que “cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, al hacer un análisis, advirtió que los miembros de las Fuerzas Militares que murieron en la toma guerrillera a la base militar del cerro de Patascoy (Nariño) en diciembre de 1997 deben ser declaradas como víctimas del conflicto armado en Colombia, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
De igual forma el Consejo de Estado consideró que aunque una persona esté prestando su servicio militar obligatorio, en ningún momento deja de ser una persona que debe ser protegida por los derechos humanos y es el Estado el que debe garantizar su integridad.
Así mismo, las Farc presentaron el fin de semana pasado una serie de propuestas sobre el reconocimiento de las víctimas del conflicto, incluido el tratamiento a los “combatientes víctimas”.
“Para la consideración de los casos de combatientes víctimas de las Fuerzas Militares, de Policía y de las Farc, las partes se ceñirán a lo establecido en las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, atendiendo el principio de distinción aplicable a conflictos armados no internacionales”, indicó el comunicado.
“Por tanto, son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al DIH aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente”, añadió.
El debate
Sobre este tema, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, dijo durante el foro que se llevó a cabo en el Centro Gonzalo Jiménez que “siempre y cuando los integrantes de las Fuerzas Militares hayan sido afectados por graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de la ley de víctimas”, deben ser reconocidos.
Expresó que se tiene que recordar que la Ley de Víctimas es una normatividad de justicia transicional, es un programa administrativo “que marca unas pautas para ese reconocimiento, en el marco de la ley en el artículo 3º prevé que sí lo son, siempre y cuando hayan sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”.
Y frente a los combatientes de la guerrilla de las Farc aseguró que “se prevé que no hacen parte de este programa administrativo de reparaciones. Sin embargo esta es una decisión política que tomó el Congreso de la República, y la idea es que de las discusiones de La Habana surjan las diferentes propuestas para mirar cómo debe ser el tratamiento de las víctimas, en un escenario de acuerdo de terminación del conflicto”.
Sobre el costo que podría generar el reconocimiento de las víctimas sostuvo que no hay un cálculo y que el tema no es de presupuesto. “El tema es de solidarizarnos con cualquier pérdida de vida humana, y lo que estamos haciendo es coordinando con el Ministerio de defensa, ellos tienen un régimen de atención y reparación”.
El general en retiro, Luis Erlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado por las Farc, expresó que “de acuerdo a los estándares internacionales allí están claramente definidos cuáles son las víctimas. La ONU se ha pronunciado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto es saludable que el Consejo de Estado lo haya hecho”.
Dijo que se espera que el Estado entre a satisfacer los derechos de las víctimas de las Farc que todavía se están reclamando. “Es un trabajo que tiene que hacer el Gobierno en colaboración con toda la institucionalidad”.
Y sobre la posibilidad que los integrantes de la guerrilla puedan ser considerados como víctimas manifestó que “sería llegar al mal transparente, porque la guerrilla ha sido terrorista, ha sido reclutadora de menores, ha colocado minas antipersona, armas no convencionales, todas estas acciones lo hace de manera sistemática, eso no lo hacen los integrantes de la fuerza pública”.
La legisladora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, anotó que “cuando son victimizados en hechos fuera de los hechos de derecho de la guerra, por supuesto que son víctimas, eso es contexto internacional, aquí no hay ninguna discusión y tratar de hacer una disquisición jurídica sobre un hecho que está plenamente por el derecho internacional, es una triquiñuela de los enemigos reales de la paz”.
La legisladora afirmó que los integrantes de las Farc son las personas que han estado secuestrando, asesinando, masacrando y “esos hechos están fuera de la guerra, esas no son víctimas, sino victimarios”.
Mauricio Lizcano del Partido de LA U, cuyo padre estuvo secuestrado durante más de 8 años consideró que efectivamente los integrantes de las Fuerzas Militares son víctimas. “Ya lo dijo el Consejo de Estado que los integrantes de las Fuerzas Militares deben ser considerados como víctimas y ese es un tema fundamental”.
En lo que tiene que ver con los integrantes de la guerrilla señaló que ellos son considerados como victimarios y afirmó que Colombia no puede invertir los papeles. “Si vamos a hacer un proceso de paz esa relación no puede cambiar, porque esa es la base fundamental del fin del conflicto”. Sobre el costo dijo que podría estar alrededor de 5 o de 6 billones de pesos.
Por otro lado Sigifredo López, exdiputado del Valle, quien estuvo secuestrado, anotó que “claro que sí, porque muchos de ellos han sido sometidos a condiciones violatorias al Derecho Internacional Humanitario, obviamente que son víctimas”.
Y añadió que frente a los integrantes de las Farc, afirmó que “los que se reinsertaron y luego fueron asesinados, como los casos de la Unión Patriótica, lógicamente que son víctimas, pero los que se apartaron de la ley son delincuentes”.
El representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, quien ha sido un duro crítico del proceso de paz afirmó que por supuesto los miembros de la Fuerza Pública tienen que ser considerados como víctimas, “no solamente en el uso del servicio militar, sino también por fuera de ello, porque ¿cuántos asesinatos selectivos hemos tenido?, ¿de cuántos atentados terroristas no han sido víctimas los militares y policías?”
Indicó, frente al tema de los integrantes de la guerrilla que “ellos están pidiendo declararse como víctimas y poner de victimario a un ente abstracto que es el conflicto armado”.
Por su lado el copresidente de la Comisión de paz de la Cámara, Harry González, recalcó que no hay lugar a dudas que los integrantes de las Fuerzas Militares deben ser considerados como víctimas. En lo que tiene que ver con la guerrilla dijo que “los de la guerrilla algunos depende del caso”.
Félix Mora, impulsor del Consejo Nacional de Paz, subrayó que “el país está indignado en muchos aspectos y hoy el clamor de las víctimas es que no vuelvan a suceder los hechos de violencia y las violaciones de que fueron objeto”.
Otras voces
En medio de un fuerte abucheo como protesta debido a su presencia, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo intervino y dijo que “esta discusión que hemos visto hoy no tiene que llamar a hacer una reflexión sobre la importancia que tienen los derechos a las víctimas, más allá de quien sea el victimario”.
Agregó que “el Gobierno nacional y el presidente Juan Manuel Santos están comprometidos con los derechos de las víctimas. El Gobierno está consciente de que nunca será suficiente ninguna verdad, ninguna reparación para compensar las pérdidas y el dolor de muchas víctimas de este conflicto”.
Sostuvo el Ministro que cada víctima tramita su dolor de una manera distinta y cada víctima es un mundo aparte.