Según el Ministerio de Agricultura y los entes de control, entre 2005 y 2011, se presentaron miles de casos donde se adjudicaron baldíos de forma irregular.

Las autoridades encontraron, entre otras irregularidades, la presencia de testaferros, fraccionamiento de predios, adjudicación de baldíos a personas inhabilitadas por la Ley y suplantación de identidades.

De los 2.000 casos descubiertos en Antioquia, procesados actualmente por la Procuraduría para el desarrollo de las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes, 130 se pusieron hoy en conocimiento de la Fiscalía.

Pero adicionalmente y como resultado del cruce de información con la Dian, se constató que un número importante de solicitantes de tierras baldías son declarantes de renta y sus patrimonios superan los topes máximos permitidos.

Frente a esta situación y por estar adelantando trámites engañosos ante el INCODER, se denunciaron ante la Fiscalía 163 casos  detectados en Norte de Santander, Santander, Amazonas, Guaviare, Guainía y Caquetá.

Otros 8 casos, detectados en Puerto Gaitán Meta, relacionados con falsos campesinos y  gente pudiente, en las los que están comprometidas más de 6.700 hectáreas, fueron igualmente puestos en conocimiento de la Fiscalía.  

En desarrollo de los procesos penales, la Fiscalía General imputó cargos contra 13 personas (particulares y funcionarios del INCODER) involucradas en los hechos irregulares.

Al momento  se han impuesto seis medidas de aseguramiento y se ha ordenado el restablecimiento de 4 predios. Todas las  resoluciones con las cuales se adjudicaron irregularmente baldíos, serán revocadas.

La Contraloría General de la República emprendió igualmente las indagaciones y procedimientos que son de su resorte y que pueden conducir a juicios de responsabilidad fiscal.

“El Estado fue otro gran despojado con adjudicaciones espurias”, señaló el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar.

El funcionario informó que los baldíos adjudicados irregularmente, serán recuperados para la ejecución de políticas de desarrollo agrario y poblamiento campesino.

“No volveremos a entregar un centímetro de tierra sin saber para quién es y para qué”, señaló por su parte Miriam Villegas, gerente general del INCODER.