La Fiscalía General de la Nación acusó a Ana Cristina Botero y su esposo, de ciudadanía chilena, Julián García Barria, por la presunta comisión de los delitos de captación masiva y habitual de dinero en circunstancias de agravación.

El juicio se adelantará a mediados de septiembre de 2015,  fecha en la que el ente investigador aportará cerca de 50 testigos victimas del presunto engaño, consistente en la afiliación a la cooperativa bajo promesas de crédito fácil para vivienda y para servicios especiales.

De la misma manera serán llamados a juicio los señores José Milton Blanco Santa María, Juan Pablo García Fierro y Juan de Dios Esquivel por los mismos hechos punibles.

“Para los años 2004 al 2006, llegaron a la Superintendencia de la Economía Solidaria quejas de ciudadanos por irregularidades presentadas en el manejo de recursos de las víctimas y las promesas de programas individuales de vivienda, sistemas prepago, sin UVR, planes de autofinanciamiento comercial, sin codeudores y facilidad de créditos en caso de estar reportados en centrales de riesgo”, sostiene la acusación.

Al parecer habían constituido alrededor de 512 contratos de planes de vivienda por valor cercano a los 16 mil millones de pesos. De estos, 144 fueron declarados terminados por el consejo de administración de la cooperativa, por lo que se beneficiaron con cerca de 4 mil millones de pesos. De este monto alcanzaron a percibir 400 millones”, afirmó el fiscal del caso.