Tuvo que suceder el enojoso episodio de supuestos hechos de corrupción en la Corte Constitucional y la polémica por las deficiencias que hoy presenta el sistema de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, para que en el Congreso de la República se proponga darle dientes al tribunal de aforados que contempla el proyecto de equilibrio de poderes que presentó el Gobierno.

El articulado inicial de esta iniciativa establecía que el tribunal de aforados además de investigar estaría facultado para acusar, sin embargo, en su primer debate en el Senado se limitaron sus alcances, pues la acusación terminó en lo que en la práctica sería una recomendación ante la plenaria de la Cámara para acusar al funcionario que esté encartado.

Sin embargo, la ponencia para quinto debate en el Senado propone que el tribunal de aforados esté en capacidad de acusar en materia penal, ya no ante el Congreso sino ante la Corte Suprema de Justicia, esto sin menoscabo del juicio político a cargo del Congreso.

 

 

Texto original

La propuesta que el Gobierno presentó al Congreso sobre el tribunal de aforados en el proyecto de equilibrio de poderes  (153/14 Cámara, 18/14 Senado) establece que estará encargado de investigar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

El Tribunal será competente para investigar y sancionar a los aforados por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal.

Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.

El tribunal tendrá siete miembros, elegidos por el Congreso en pleno, para un período de ocho años. Su organización y funcionamiento deberá garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con una segunda instancia.

 

Primer debate

 

La iniciativa sufrió importantes modificaciones en su primer debate en la Comisión Primera del Senado el 25 de septiembre de 2014, pues le quita al tribunal de aforados la facultad de sancionar a los funcionarios que están bajo su órbita de competencia. En esa condición su función se limitaría a investigar y solicitar a la Cámara que acuse ante la plenaria del Senado.

Además, incluyó al cargo de vicepresidente de la República entre los aforados que podrán ser investigados por dicho tribunal.

También la Comisión Primera del Senado tocó la estructura del tribunal de aforados, pues la dejó en cinco integrantes, frente a los siete que había propuesto el Gobierno.

 

Segundo debate

 

El 16 de octubre de 2014, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de equilibrio de poderes, conservando en términos generales lo esencial determinado por la Comisión Primera en lo que tiene que ver con el tribunal de aforados, es decir que el mismo se encargará de la investigación y cuando hubiere lugar presentará acusación del funcionario investigado ante la plenaria de la Cámara.

Sin embargo incluyó que el Senado deberá aprobar, mediante voto secreto, por mayoría absoluta de sus miembros, si procede la acusación que presenta la Cámara de Representantes contra el funcionario investigado por el tribunal de aforados.

En cuanto a los integrantes de este tribunal se mantuvo el número, serán cinco sus componentes, y el periodo de 8 años, sin embargo modifica el origen de las ternas de las cuales serán elegidos estos magistrados por la Cámara, pues indicó que serán enviadaspor las cinco mejores facultades de derecho del país.

En primer debate se había aprobado que las ternas serían enviadas por la Sala de Gobierno Judicial.

 

Tercer debate

 

El 19 de noviembre de 2014, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de equilibrio de poderes, que en lo que tiene que ver con el tribunal de aforados hizo pocas modificaciones.

Una de ellas tiene que ver con las acusaciones contra un magistrado del tribunal de aforados, pues al respecto aclara que la investigación será adelantada por la Cámara de Representantes, la cual será responsable de adelantar la investigación y, si fuere el caso, presentar el proyecto de acusación ante la Plenaria de la Cámara.

Además en este tercer debate se aprobó adicionar al texto de esta reforma constitucional que el Gobierno Nacional deberá presentar a consideración del Congreso de la República, durante el año siguiente de entrada en vigencia del acto legislativo, la ley estatutaria que reglamente la creación y funcionamiento del tribunal de aforados.

 

 

Cuarto debate

 

El 9 de diciembre del año anterior la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de equilibrio de poderes, manteniendo lo aprobado en la Comisión Primera de esta Corporación en materia del tribunal de aforados, como es que el mismo encargará de la investigación y cuando hubiere lugar presentará la acusación del funcionario investigado ante la Plenaria de la Cámara, por parte del Magistrado que haya adelantado la investigación.

No obstante hace algunos cambios en lo que tiene que ver con el origen de las ternas de las cuales la Cámara elegirá a los magistrados que integrarán el tribunal de aforados, pues se había definido hasta el momento que serán enviadaspor las cinco mejores facultades de derecho del país.

Sin embargo, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó que dichas listas serán elaboradas mediante concurso adelantado por la Sala de gobierno Judicial en los términos que la ley disponga.

Estas disposiciones se mantuvieron en la conciliación del proyecto de equilibrio de poderes que aprobaron las plenarias del Senado y la Cámara al final del primer periodo de esta legislatura, en diciembre del año anterior.

 

Ponencia para quinto debate

 

El pasado miércoles, los ponentes para quinto debate en la Comisión Primera del Senado del proyecto de equilibrio de poderes radicaron la respectiva ponencia dando un completo giro al articulado que se aprobó en la primera vuelta de la iniciativa el año anterior en lo que tiene que ver con el tribunal de aforados constitucionales.

Tras una larga reunión de concertación entre los ponentes del proyecto de equilibrio de poderes y los ministros del Interior y Justicia, hubo consenso de darle verdaderos dientes a dicho tribunal, recobrando su carácter de no solo investigar sino también poder acusar.

Se acordó también que en la primera conformación del tribunal de aforados los cinco candidatos serán propuestos por el Presidente de la República y será el Congreso de la República en pleno el que los elija, aunque la Cámara alta queda con la capacidad de improbar a todos o alguno de los postulados.

Serán cinco candidatos y no 15, con el fin de no permitir que se presente el cabildeo de los candidatos en el Congreso para poder ganar la elección.

El tribunal de aforados según la ponencia queda facultado para investigar a los altos dignatarios que establece la Constitución por las causales de indignidad política así como también por la responsabilidad penal. Al terminar esa investigación si decide acusar por indignidad política, lo hará ante el Congreso o podrá acusar por responsabilidad penal ante la Corte Suprema o también por las dos razones.

“El juzgamiento de los aforados se hará desde el punto de vista político por el Congreso y desde el punto de vista penal por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, partiendo de un principio fundamental y es que se juzgará la conducta de los magistrados y no sus providencias”, explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El jefe de la cartera política consideró que con estos cambios “estamos dando dientes suficientes al tribunal de aforados para que no haya funcionario público que sienta que no está vigilado, controlado y que su conducta no puede ser sometida a una jueza”.

Otro de los ponentes, Armando Benedetti, sostuvo que “ese tribunal por primera vez podrá destituir a alguien por falta de dignidad de un funcionario o un magistrado y se podrá enviar a la Corte Suprema. Ahora todos vamos a ser iguales ante la ley”.

Mientras que la senadora Claudia López, una de las ponentes de este proyecto, dijo que “se acaba la Comisión de Acusaciones y el antejuicio político a los aforados. En adelante serán juzgados penalmente por la Ley y la Corte Suprema”.

Los altos magistrados, el Fiscal General y el vicepresidente serán los únicos cobijados por este sistema que separa el juicio político de la investigación penal. Además, indicó López, “evitamos que la feria del fuero se extendiera al Procurador, Contralor, Registrador, Defensor del Pueblo, Auditor y los miembros del Consejo Nacional Electoral”.

“A partir de esta reforma no habrá Magistrado ni Fiscal impune por conveniencia ni con juicio político”, dijo la senadora López Hernández.