Las cuatro Salas de Descongestión deben resolver el atraso promedio de 17 años en los expedientes. Este rezago ha afectado no solo el derecho de 28.000 demandantes sino que ha provocado una onerosa carga económica para el Estado y las empresas
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Una de las medidas de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema, es alcanzar la meta de proferir diez fallos semanales para atacar el represamiento de procesos. Dentro de este volumen de casos, está el de Adriana, quien en 1998 inició un proceso laboral para obtener el reconocimiento de su pensión.
Había trabajado durante 20 años en una empresa, la cual no le pagó la totalidad de su jubilación y tras solicitarles a sus ex empleadores que la retribuyeran como mandaba la Ley, acudió ante los jueces para hacer valer sus derechos.
El tiempo pasó, al igual que el proceso. Su caso se volvió complejo al pasar de instancia en instancia. Esto llevó a su abogado a interponer un recurso extraordinario de casación que finalmente llegó a conocimiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004.
Sin embargo, su caso, tal y como el de otros 28.000 colombianos, se vio represado por la congestión que desde hace años afecta a la Rama Judicial y que actualmente llega hasta las más altas instancias de la cúpula judicial.
Causas
Según expertos, las causas de la congestión en la Corte son muchas. La falta de conocimiento de la normatividad y jurisprudencia en materia laboral, la mala fe de muchos empleadores o la falta de formalismos como requisitos para el recurso, son considerados como factores. Sin embargo no se puede atribuir a que estos hechos sean las únicas dificultades ya que el problema puede ser mucho más de fondo.
Tampoco se puede argumentar una posible negligencia por parte de los magistrados de la Sala. Datos estadísticos de los últimos años demuestran que de las tres salas existentes, es la que más sentencias ha proferido en dicho periodo.
En comparación con otros países, el número de procesos que llegan a las Cortes de casación son relativamente bajos. En Chile la Corte Suprema resolvió en 2016 únicamente 4.687 casos de casación en total. En España, en lo corrido de este año tan solo han ingresado 2.976 expedientes al Tribunal Supremo de Justicia.
En el 2016, el Congreso de la República aprobó la Ley 1781 creando cuatro salas de descongestión, conformadas por doce (12) magistrados, con el fin de tramitar en un periodo máximo de 8 años los expedientes represados dentro de la Corte.
El trámite
Cada uno de los magistrados de descongestión deberá proferir diez fallos semanalmente, para que en el periodo descrito se resuelvan todos los casos acumulados. Los magistrados contarán con un equipo de 6 personas (3 magistrados auxiliares y 3 auxiliares judiciales) para tales fines.
Por otra parte los togados no tendrán las mismas funciones de los magistrados en propiedad, ya que no podrán resolver tutelas o cambiar las líneas de precedente sin previa autorización.
El problema radica en que muchos magistrados todavía no cuentan con los espacios adecuados para poder tramitar los casos. Se encuentran hacinados en oficinas cercanas al Edificio Murillo Toro o en el mismo Palacio de Justicia de Bogotá.
También es crítica la excesiva cantidad de fallos que deben proferir, donde surge la duda respecto al contenido de las sentencias y su calidad dado el corto tiempo que tienen los magistrados de descongestión para proferirlas. Pero solo el tiempo dirá si las medidas de descongestión son suficientes o si la problemática continúa.
Pese a que se buscan resolver los casos represados, es un hecho que más expedientes siguen llegando a la Sala Laboral de la Corte. A lo anterior debe sumársele el hecho de que también deben resolver acciones de tutela y cumplir con los demás deberes que les han impuesto la Constitución y la Ley.
Primeros procesos
Precisamente la Corte impulsó jornadas de capacitación e inducción de los equipos de trabajo de las cuatro Salas de Descongestión Laboral. Fue así como el Tribunal dio apertura al trámite de los primeros 2.310 procesos seleccionados para ser resueltos por dichas salas, creadas por la Ley 1781 de 2016.
El curso intensivo, realizado luego del acto de imposición de escudos de los magistrados y magistradas de descongestión ante la Sala Plena de la Corporación, abordó, entre otros, el estudio de aspectos procesales del recurso de casación, interés jurídico para recurrir y proposición jurídica, principios constitucionales y legales de la casación laboral y recurso de casación por vía directa.
Al clausurar la jornada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, recordó la importancia de la misión de estos servidores judiciales, quienes se suman al equipo de trabajo de la Sala de Casación Laboral en la tarea de contribuir a resolver miles de procesos que involucran a trabajadores, pensionados, personas de la tercera edad, menores de edad, personas en condición de discapacidad, madres y padres cabeza de familia.
En efecto, las cuatro Salas de Descongestión comienzan la labor de resolver el atraso promedio de 17 años en los expedientes que comportan, además de los derechos de los demandantes, una onerosa carga económica para el Estado y las empresas debido a que la demora en las decisiones ocasiona intereses de mora hasta que las sentencias quedan en firme.
Antes de entrar en vigencia el funcionamiento de los despachos de descongestión, la Sala de Casación Laboral recibía cerca de 5.000 expedientes al año, cuando su capacidad de resolver bordea las 1.000 por el mismo periodo.
Es así como las Salas de Descongestión Laboral garantizarán la efectividad de los derechos fundamentales y darán cumplimiento a principios y derechos constitucionales y a estándares internacionales de protección del trabajo.
Trabajo para 12 magistrados
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió doce magistrados que integran las Salas de Descongestión. Los elegidos son los juristas Martín Emilio Beltrán Quintero, Dolly Amparo Caguasango Villota, Ernesto Forero Vargas, Carlos Arturo Guarín Jurado, Cecilia Margarita Durán Ujueta, Santander Rafael Brito Cuadrado, Jorge Prada Sánchez, Ómar de Jesús Restrepo Ochoa, Ana María Muñoz Segura y Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.
También está el jurista Donald José Dix Ponnefz, oriundo de la ciudad de Sincelejo (Sucre), es abogado especialista en Instituciones Jurídico-Laborales de la Universidad de Cartagena. De sus treinta años de ejercicio profesional, ha dedicado más de veinte años al servicio de la rama judicial como Juez Laboral, Magistrado de la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Barranquilla, Bogotá y Cartagena, y Magistrado del Tribunal Superior de San Andrés.
Asimismo, entre las últimas nombradas en esta Sala está la jurista Jimena Isabel Godoy Fajardo como nueva magistrada de la Sala de Descongestión Laboral de la corporación.
Jimena Isabel Godoy Fajardo, abogada de la Universidad de La Sabana, es doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Con una experiencia de más de veinte años en el ejercicio independiente de su profesión, ha sido asesora y litigante en la empresa privada. Actualmente es profesora de cátedra y directora de posgrados de la Universidad Javeriana, profesora y conferencista en Educación Continuada de la Universidad del Rosario, profesora de posgrados y conferencista de la Universidad Sergio Arboleda y profesora de Cátedra de la Universidad de los Andes.
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