Por presunto fraude fiscal del 31 de mayo al 3 de junio, justo cuando empieza la edición centenario de la Copa América, el astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, y su padre Jorge Horacio serán juzgados en Barcelona.

Investigado por tres delitos de fraude fiscal desde 2013, el delantero argentino, reciente ganador de su quinto Balón de Oro, supo en octubre que tanto él como su padre deberían sentarse en el banquillo de los acusados pero hasta ayer no se concretó la fecha.

El proceso no afectará su temporada con el FC Barcelona, que ya habrá terminado, pero puede comprometer su preparación con la selección de Argentina para la edición especial del centenario de la Copa América, que se disputará del 3 al 26 de junio en Estados Unidos.

La selección albiceleste, capitaneada por Leo Messi, comenzará la competición el 6 de junio en San Francisco, sólo tres días después de que termine el juicio contra el astro azulgrana.

Los Messi deberán responder por tres delitos de fraude fiscal de un total de 4,16 millones de euros (4,54 millones de dólares) correspondientes a derechos de imagen entre 2007 y 2009 que habrían sido ingresados a través de empresas pantalla en Belice y Uruguay, considerados paraísos fiscales en esa época.

Al principio ambos desmintieron las acusaciones y en su declaración ante el juez en septiembre de 2013 culparon a un exasesor de la familia. Pero después Jorge Horacio Messi asumió la responsabilidad de los hechos, desvinculando a su hijo y pidiendo el archivo de la causa contra él.

El envío al banquillo de Messi estuvo envuelto por la polémica debido a los diferentes criterios de las dos partes acusadoras, la fiscalía y el abogado del Estado, que defiende los intereses de la administración de Hacienda supuestamente defraudada.

La fiscalía se mostró partidaria del sobreseimiento del futbolista, quien alegó desconocer la gestión de su fortuna, y centrar el caso en su padre, Jorge Horacio, para quien pedía 18 meses de prisión y una multa equivalente a la mitad de la cuantía defraudada.

Aunque sean finalmente condenados, difícilmente acabarán entre rejas dado que la legislación española permite perdonar las penas de prisión inferiores a dos años cuando el condenado no tiene antecedentes penales, como es el caso. /AFP