En un extenso debate de control político sobre la actual situación carcelaria en el país que se llevó a cabo en Plenaria de la Cámara de Representantes y que se prolongó hasta la media noche del miércoles, la Ministra Ruth Stella Correa Palacio dio a conocer un paquete de medidas inmediatas orientadas a dar soluciones a temas relevantes en este sentido tales como el hacinamiento y el mejoramiento general de las condiciones de los internos.

Según datos presentados por la Ministra en su intervención, en los 18 años de existencia del INPEC, la tasa anual de incremento de la población carcelaria es en promedio del 7.4%, lo que se asocia a leyes de incrementos de penas, iniciativas como la ley de pequeñas causas y otras normas que han generado un impacto que se refleja en un incremento en el número de detenidos.

Para la Ministra de Justicia y del Derecho, si bien se aumentó la capacidad para albergar internos en los centros carcelarios, “jamás aumentó en la proporción en la que se incrementó la población de internos”. Es decir, existe un desfase en el que se encuentra que la población actual supera en mucho a la capacidad de cupos de las cárceles del país.

A lo anterior se le suma el cierre de establecimientos carcelarios, “lo que genera un deterioro en las condiciones de vida de los internos y la incapacidad para darles un lugar digno”, afirmó Correa Palacio.

Ante las cifras que hablan de un hacinamiento carcelario actual de al menos un 47% de sobredemanda, la titular de la cartera de Justicia expresó que si bien con el plan obras de expansión de cupos y la construcción esperada pero no inmediata de 6 nuevas mega-cárceles, se obtendría una capacidad de albergar al menos 30000 internos y aún quedaría un porcentaje muy elevado de internos a los que no se les daría solución.

Como medidas para afrontar la crisis carcelaria, Ruth Stella Correa explicó que desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se ha convocado a un plan novedoso y de gran acogida, como lo es invitar todas las universidades del país en las que se ofrezca la carrera de Derecho para que los estudiantes que hacen su “Consultorio Jurídico” ayuden al interior de las cárceles, en las oficinas jurídicas, para que se examinen los casos en los que los internos que tengan derecho puedan pedir la libertad condicional  ante un juez de ejecución de penas en virtud al tiempo de condena ya cumplido.

“Inicialmente en Bogotá, el día de hoy  ya respondieron 7 universidades al llamado del Ministerio, y en el caso de una de ellas, la Universidad Libre, se comprometió a aportar  al menos 180 estudiantes para que hagan sus prácticas en ese sentido”, expresó la Ministra.  Como recurso adicional, se piensa  acudir a los abogados de las Defensorías del Pueblo que están presentes en las cárceles, para direccionar a los estudiantes practicantes en esta novedosa iniciativa.

Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura -CSJ- para Bogotá,  ya ha asegurado al menos 3 nuevos jueces de ejecuciones de penas “con el fin de aliviar la congestión que se presenta ante ellos”, explicó la alta funcionaria. Sin embargo, la Ministra le recordó a esta entidad que el problema no es solo de Bogotá sino de todo el país y así también le solicitó al CSJ examinar esta medida para otras regiones.

“Creemos que estas medidas, en forma inmediata, no van a descongestionar como lo quisiéramos, pero si van a paliar el hacinamiento que se está viviendo” enfatizó Ruth Stella Correa al término de su intervención ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.