“Consideramos que la situación requiere medidas extraordinarias y esas se las da al presidente de la República el artículo 215 de la Constitución Nacional, que habla de la emergencia social cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad. Claramente estamos ante un hecho sobreviviente con 14 cárceles cerradas y se vienen más cierres porque hay un mayor número de tutelas en curso”.

Así lo expuso el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tras asegurar que una sociedad decente se mide por el respeto a sus ciudadanos en un hospital y una cárcel, y la situación que registra el país en esos aspectos nos pone lejos de serlo.

Otálora se pronunció durante un foro organizado por la revista Semana, en el que también participaron la ministra de Justicia, el fiscal general y el director del Inpec.

Otálora recordó que le ha recomendado al Gobierno Nacional declarar la emergencia social ya que los problemas que vive el sistema penitenciario y carcelario del país registran niveles intolerables por cuenta del hacinamiento y de los problemas de salud, principalmente.

Según el defensor, la reforma al Código Penitenciario, que actualmente discute el Congreso, propone una serie de medidas de mediano y largo plazo que, aunque son muy importantes, son un paliativo. “La Defensoría reconoce que el Gobierno Nacional está trabajando arduamente en este proyecto pero, en nuestro sentir, esa no es la solución que requiere el régimen carcelario”, destacó.

Para el defensor, el problema carcelario no es nuevo sino que lo hemos venido observando desde hace varias décadas. Sin embargo, se ha venido agravado en los últimos meses y hoy se registran 14 cárceles cerradas por órdenes de jueces mediante fallos de tutela, por cuenta del hacinamiento que alcanza el 54% nacional, con niveles que llegan hasta el 400% en cárceles como la de Riohacha.

Recalcó, además, que la Defensoría no está planteando una emergencia carcelaria, la cual podría ser decretada por el director del Inpec con autorización del Ministerio de Justicia, sino que se trata de una emergencia social mediante la cual el Gobierno pueda expedir decretos con fuerza de ley que permitan por ejemplo, la implementación de figuras jurídicas que permitan la excarcelación de personas que hayan cometido delitos de bajo impacto, la creación y nombramiento de jueces de descongestión de ejecución de penas que ayuden a reducir el represamiento de solicitudes de libertad que hoy reposan en los despachos judiciales, y la consecución de terrenos apropiados para construir nuevas cárceles bajo la figura de contratación directa.

“Reconozco los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional, particularmente la ministra de Justicia y el director del Inpec, pero en opinión de la Defensoría del Pueblo no son los suficientes ni son los llamados a conjurar ni a solucionar los graves problemas carcelarios”, agregó.

Por último, el defensor recordó al filósofo israelí Avishai Margalit que en uno de sus libros asegura que para saber qué tan decente es una sociedad se requiere visitar sus hospitales y sus cárceles para verificar el respeto por los derechos humanos.

“Que sea este el momento de para tomar la ruta hacia una sociedad decente”, puntualizó Otálora.