“Si tiene un problema de sueño y el médico le dice que fume marihuana, este decreto no tiene nada que ver con eso”, explicó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a propósito del proyecto que estudia el Gobierno.

De acuerdo con un documento del Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional "ha venido trabajando en un proyecto de decreto que reglamentará algunos apartes de la Ley 30 de 1986, correspondientes al uso medicinal y científico del cannabis en el país".

El objetivo de la norma sería regular el cultivo de la planta con fines medicinales para dar "seguridad para que el comercio de productos lícitos, pero cuya materia prima es ilícita, sean totalmente legales", agregó el texto.

De esta forma, el proyecto pretende "incentivar la investigación científica", "posicionar a Colombia a nivel internacional como un país exportador de materias primas y medicamentos obtenidos a partir de cannabis" y además, facilitar la comercialización de estos productos para los pacientes que los requieran.

La fecha para la firma de este decreto aún se desconoce, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Salud, a la vez que afirmó que "bien podría ser la próxima semana o dentro de uno o dos meses".

Paralelamente, el Congreso discute un proyecto sobre el tema. La diferencia está, según dijo a periodistas el senador liberal Juan Manuel Galán, en que el decreto puede ser derogado por otro Gobierno mientras que la ley perdura.

Además, insistió en que el legislativo debate tasas para los cultivos, entre detalles adicionales que no contiene el decreto.

Se trata del proyecto de ley 80 de 2014 Senado, “por medio del cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009”, radicado por Galán el 2 de septiembre del año pasado y que espera segundo debate en la plenaria del Senado con ponencia positiva de su autor y negativa presentada por el senador uribista Alfredo Rangel.

Hasta el momento, la siembra de cannabis en Colombia es legal únicamente como autocultivo, "cuando no supere las 20 plantas, estableciendo, en todo caso, la prohibición de comercializar, transformar, vender o distribuir sustancias derivadas del mismo", señaló el documento del Ministerio de Justicia.

Dudas y certezas

Ante este hecho, el senador Jimmy Chamorro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), ha manifestado que pese a que en la norma se incluirían protocolos de seguridad, requisitos, y deberes, entre otros aspectos de carácter técnico para el funcionamiento de esta cadena de producción, como lo son los parámetros para el otorgamiento de licencias, “preocupa que esta regulación preliminar, pensada inicialmente en un segmento eminentemente médico o científico, abra una puerta definitiva para legalización del uso recreativo tanto de la marihuana como de sus derivados, lo cual, como se ha debatido ampliamente a nivel internacional, y como lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, puede generar consecuencias negativas para la sociedad, y naturalmente para las personas individualmente consideradas”.

Galán, por su parte, reiteró que “dicho decreto no garantiza seguridad jurídica a pacientes que quieran acceder a un medicamento seguro, de calidad y precio justo”.

Expresó que el Decreto no atiende  reforma a la ley 30 de 1986, normativa de hace casi 30 años que tiene grandes vacíos, mientras  que el proyecto recoge conceptos de la Organización Mundial de la Salud y convenciones internacionales para unificar definiciones que no son claras hasta ahora  en nuestro ordenamiento jurídico.

Galán criticó que el decreto gubernamental no contenga el componente pedagógico que de su proyecto de ley para concientizar y prevenir los riesgos sobre la salud por el uso  del cannabis. Esta función estaría cargo del Ministerio de Educación para que desarrolle un programa nacional de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.

Enfatizó que el objetivo es involucrar a estudiantes, profesores, padres de familia o acudientes, profesores, egresados, directivos y administradores locales.