Haciendo esta observación piden que el Gobierno Nacional categorice las agresiones intrafamiliares como un problema de salud pública, para que de esta manera sean las entidades de gobierno las que demanden a los agresores.
Se hizo una dura advertencia al gremio médico del país con relación al tema de la violencia intrafamiliar, apenas un día después de que el Gobierno Nacional emitiera una serie de decretos orientados a prevenir la manifestación de agresiones al interior de los hogares.
Desde el Congreso se considera que el hecho de que los médicos denuncien las agresiones de que son víctimas los miembros de familia, constituye una violación del secreto profesional, a pesar de que los mencionados decretos determinan que los galenos están obligados a presentar las respectivas denuncias sobre agresiones que atiendan.
Dijo la senadora Dilian Francisca Toro, médica cirujana, que “el secreto profesional es inviolable y lógicamente los médicos pueda que no vayan a denunciar cuando una mujer fue violentada”.
Propuso entonces que el ministerio de Salud categorice como un problema de salud pública las agresiones intrafamiliares, para de esta manera fijar nuevos parámetros legales que permitan lidiar con el tema.
“En caso de considerar ese delito de salud pública, se deberá establecer un formulario de notificación obligatoria por parte del médico”, explicó así las cosas, por ejemplo, cuando una mujer llegue a que le presten atención por la agresión que sufrió, el galeno deberá notificar obligatoriamente en ese formulario, el documento va para la secretaría de salud municipal y esa autoridad sí puede informar a las autoridades judiciales”, mencionó.
Lo único que haría el médico en ese caso sería evidenciar el caso de violencia y noticiarlo obligatoriamente.
“Lo que se busca es que el médico haga el proceso de notificación obligatoria y la entidad sanitaria le notifique a la justicia y se permita que bajen las tristes estadísticas de violencia en contra de las mujeres”, aseveró la parlamentaria.
Había dicho ayer por la mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que el personal médico tendrá la obligación de instaurar una denuncia cuando tenga conocimiento de agresiones en contra de una mujer.