Aceptando la propuesta hecha por el presidente Juan Manuel Santos hace ya varias semanas, Colombia, Ecuador y Brasil serán mediadores entre el gobierno y la oposición venezolanas.

Santos informó ayer que Colombia está participando en esfuerzos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que buscan un diálogo para que mejore la situación de Venezuela.

El jefe de Estado indicó que se reunieron los cancilleres de Unasur con representantes de distintos sectores venezolanos de oposición y ONG, y más tarde con el presidente Nicolás Maduro, para plantear fórmulas de acercamiento.

“A todos nos interesa que la situación de Venezuela mejore, a todos nos duele Venezuela y queremos que esa situación se normalice”, expresó el presidente Santos.

En Caracas, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, confirmó que sus colegas Luiz Alberto Figuereido (Brasil), María Ángela Holguín (Colombia) y Ricardo Patiño (Ecuador) serán los mediadores para dar seguimiento al proceso de diálogo amplio y constructivo para superar la crisis en la que está inmersa Venezuela.

En Bogotá, Santos indicó que de acuerdo con la canciller Holguín, en las reuniones “se avanzó mucho para iniciar un diálogo entre la oposición y el Gobierno. La oposición tenía una serie de condiciones para que ese diálogo se diera”, dijo.

El presidente Santos añadió que “aparentemente el Gobierno” de Venezuela había aceptado la noche anterior “esas condiciones para iniciar el diálogo y se creó un grupo de tres países, tres cancilleres, que va a dar los últimos retoques para que ese diálogo se dé”.

Confió en que ese grupo contribuya a una solución.

“Y ojalá que a través de ese diálogo podamos distensionar esa situación en Venezuela, lo cual debe repercutir favorablemente en la defensa de los derechos humanos en nuestra querida Venezuela”, concluyó.

 

Testigos

 

"¿Quieren un testigo? Vamos a un testigo pues", dijo Maduro en un acto oficial en el estado de Vargas transmitido por cadena obligatoria por todos los medios de comunicación.

El mandatario además aceptó que la Unasur "elija a un grupo de cancilleres que sean testigos y se sienten a la conversación" con la oposición, pero advirtió que no aceptará "condiciones" ni "agendas previas porque no las estoy poniendo".

La comisión de cancilleres de Unasur, que a pedido del gobierno venezolano se reunió en Caracas con varios sectores de la sociedad, planteó a Maduro designar "un testigo internacional para que la oposición ahora sí” acepte “reunirse", indicó el presidente.

El acuerdo llega después de cinco semanas de fallidos intentos de Maduro para convocar al diálogo a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el movimiento estudiantil -que lideran las protestas desatadas el 4 de febrero-, con quienes se reunió la misión de Unasur.

La comisión "celebra la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes", indicó la Unasur en un comunicado emitido al término de una visita de dos días, sin detallar otras recomendaciones que hizo al gobierno.

Las protestas han ido perdiendo intensidad en las últimas semanas, aunque todavía quedan focos de esporádicos episodios de violencia. Este jueves un pequeño grupo de radicales quemó escombros en los barrios de Altamira y Chacao (este de Caracas) tras lo cual fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional.

 

Lenguaje

 

Holguín aseguró que luego de la reunión que sostuvieron los miembros de la Unasur con gobierno y oposición una de las conclusiones fue que hay que comenzar a “desarmar el lenguaje”.

“Uno de los temas que hablamos es sobre el lenguaje que allí se utiliza, un lenguaje descalificatorio, bastante fuerte en donde todas las fuerzas políticas manifestaron que hay que empezar por un desarme del mismo y así se lo transmitimos al presidente Nicolás Maduro”, dijo.

“Estuvimos ocho cancilleres allí, fueron unas jornadas inagotables reunidos con todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela, hablamos con todas las partes, no hemos querido en ningún momento meternos en las decisiones del gobierno de ese país, queremos que el problema se solucione entre venezolanos”, anotó.

“Creo que fue un diálogo muy satisfactorio. Y creo que se ha abierto un camino en el que queremos seguir ayudando. Hay unos problemas reales de violencia, de Derechos Humanos, económicos y políticos, que sin lugar a dudas se deben analizar para encontrar ese sendero de estabilidad. Ahora la mesa de unidad democrática, conformada por 10 partidos venezolanos, pone condiciones para dialogar con el presidente, anoche tuvimos una reunión en donde le presentamos esas inquietudes” al presidente Maduro, declaró.

Holguín precisó que lo que hace Unasur son sugerencias al gobierno venezolano: “Nosotros no imponemos nada. Una de las sugerencias que ya fue adoptada era tener una oficina dentro de la Vicepresidencia venezolana para que se encargara de atender todos los asuntos de violaciones de Derechos Humanos y las personas que tienen irregularidad en sus derechos fundamentales”. / AFP-ENS

 

Sanciones si Venezuela no abre "espacio democrático"

 

Estados Unidos estudia implementar sanciones contra Venezuela si no se dan las condiciones para un diálogo profundo que resuelva la crisis en el país y se abre un "espacio democrático" para la oposición, señaló ayer la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson.

Aunque las considera un recurso extremo, Jacobson dijo que las sanciones podrían llegar a ser una "herramienta muy importante" si las posibilidades de diálogo entre el gobierno y sus adversarios se estancan y no se abre un "espacio democrático para la oposición".

"Claro que tenemos que pensar en eso y estamos pensando en eso", señaló la diplomática en una videoconferencia con periodistas, en la que advirtió que Estados Unidos evalúa algún tipo de "medida pacífica" que "no incluye acción militar".

Pero Washington buscará primero concertar un esfuerzo interamericano, añadió Jacobson, a pesar de que las propuestas de Estados Unidos para paliar la crisis venezolana han sido recientemente bloqueadas por la mayoría de los países de la OEA.

 

Llevarán a CIDH denuncias sobre abusos contra libertad de prensa en Venezuela

Serán documentadas más de 150 agresiones sufridas por 116 comunicadores desde el 12 de febrero.

Hoy la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) conocerá acerca de la situación del derecho a la libertad de expresión e información; los derechos de las personas privadas de libertad; y los conflictos laborales en Venezuela.

En el marco del 150 periodo de sesiones, diversas organizaciones no gubernamentales, sindicales, gremiales y defensoras de los derechos, sostendrán audiencias públicas con la CIDH.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunciará más de 150 agresiones sufridas por 116 comunicadores desde el 12 de febrero, durante las coberturas de las protestas que se desarrollan en el país.

Desde Washington, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, informó que entre los casos que serán mostrados a la CIDH se encuentran el del fotógrafo Gabriel Osorio, quien fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; la fotorreportera Francesca Commissari, quien fue apresada y robada por efectivos militares; y la periodista Mildred Manrique, quien fue detenida y sufrió un allanamiento a su residencia.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas, expondrá la situación de censura y vacío informativo que se ha impuesto en los medios de comunicación por presiones gubernamentales, y que ha generado también la autocensura en los comunicadores.

De igual modo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, detallará ataques contra infociudadanos, como el caso de Alejandro Marques, quien fue atacado, y muere posteriormente, por estar grabando con su celular una protesta en el centro de Caracas.

Entre tanto, el Instituto Prensa y Sociedad, relatará de la crisis que viven los medios impresos en el país por la escasez del papel, la cual ha obligado a dejar de circular a una decena de periódicos, y que ha puesto en riesgo más de 30 mil puesto de trabajo y el derecho a la información de 30 millones de venezolanos.

Finalmente, la organización no gubernamental Espacio Público alertará sobre las las limitaciones en Internet, el bloque de páginas web y la poca velocidad de conexión en Venezuela.

Está previsto que la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión inicie a las 4 de la tarde (4:30 p.m., hora Washington), y puede ser vista en vivo por Internet a través del siguiente enlace: http://www.eagletechtv.com/cidhspanish.html.

 

Audiencia de Ceballos será hoy

La audiencia del dirigente de Voluntad Popular Daniel Ceballos fue diferida para hoy a las diez de la mañana y la realizará el Tribunal 25 de Control a cargo de la juez accidental Elena Casiani, según el equipo de defensa de Ceballos.

“Es un día más de injusticia”, expresó la abogada defensora Ana Leonor Acosta. Al mismo tiempo, señaló que no “existen razones” para el cambio.

El síndico procurador del municipio San Cristóbal, Normal Méndez, informó que este jueves llegó la notificación de la sentencia “que dicen que incumplió” a la alcaldía en Táchira.

Más temprano, Acosta reiteró que el alcalde se encuentra recluido en Ramo Verde y que todavía desconocen el sitio de reclusión tras la sentencia de 12 meses de prisión que dictó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sobre la medida de Habeas Corpus, que anunciaron tras la decisión del TSJ de condenarlo por desacato, Acosta indicó que está a la espera de la explicación de motivos del TSJ en la que se detallan los fundamentos para tomar la decisión de enviar a prisión al Daniel Ceballos.

“No se introdujo (el recurso Habeas Corpus), estamos esperando que salga la motiva que contiene las razones por las cuáles la sala dictó esa decisión”, aseveró.

Para el abogado e integrante de Voluntad Popular, Roberto Marrero, la detención de Daniel Ceballos se traduce en la no aceptación del Gobierno ante la disidencia. “No es un problema contra Daniel, es un problema contra el Táchira”, preció Marrero.

El Tribunal Supremo de Justicia sentenció a Daniel Ceballos a 12 meses de prisión por no acatar la decisión de garantizar el libre tránsito en su jurisdicción y no retirar las “guarimbas” en la zona.