Alberto Flórez Pérez tendrá que pagar además una multa de 387 millones de pesos por su responsabilidad en el desplazamiento de varios miembros de las comunidades negras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

Flórez Pérez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas importancia ecológica que le imputó un fiscal de la Unidad contra los Delitos de la Desaparición y el Desplazamiento Forzado, como integrante de una organización empresarial llamada Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma Africana, firmó escrituras públicas de compraventa de inmuebles que permitieron el despojo de las tierras de integrantes de la comunidad afrodescendiente de esa zona del Urabá chocoano.

Asimismo, aparece su nombre en numerosos contratos ilegales en los que personas fallecidas le dan poder para que éste con sus fincas realice diferentes trámites. Al final, estas tierras terminaban en manos de las grandes empresas palmicultoras de la región.

Esta sentencia hace parte de las 11 que ya han sido falladas en sentido condenatorio luego de que  se denunciaran las hostilidades que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejercieran desde 1997, que a la postre terminaron con el desplazamiento de los pobladores de las citadas cuencas. Por esto, las empresas aprovecharon ese fenómeno desde el año 2000 para asentarse en esas tierras a través de megaproyectos de explotación de palma africana. Los paramilitares y los empresarios palmeros se concertaron para que con el accionar violento se lograra el desplazamiento forzado de los pobladores de esa zona para apoderarse del territorio y desarrollar la industria palmera.

Las condenas de quienes han sido hallados responsables o han aceptado su participación en estos hechos van entre seis y 15 años y multas de hasta 4.323 millones de pesos.

En diciembre de 2012, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), seccional Medellín,  capturaron al abogado Mario Alberto Vélez Giraldo, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y quien habría incurrido en los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado de afrodescendientes e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

De acuerdo con la investigación, el abogado Vélez Giraldo habría obtenido del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) resoluciones falsas para la siembra de palma africana de aproximadamente 5 mil hectáreas en zonas habitadas por comunidades negras en las cuencas de los ríos chocoanos Curvaradó y Jiguamiandó.

Otras 70 personas, entre las que figuran servidores de corporaciones autónomas regionales, están vinculadas a la investigación.