Para el académico, Isidro Hernández, el incremento “fue mucho más de lo que se podría esperar, pues la inflación viene ubicándose en torno al 2% y la productividad está cercana al 0,8%, es decir que, tomando sólo estos dos parámetros, el aumento debería estar rondando el 3%”.

El profesor destacó que con este porcentaje, “el Gobierno quiere darles un poder adquisitivo mayor a quienes están devengando este salario e induce a una mayor participación de la remuneración laboral dentro del ingreso nacional”.

Si se tiene como referencia el 6% que pedían las centrales obreras y el 4% que ofrecían los gremios, el Gobierno se ubicó más cerca de los segundos, sin embargo, el experto aclaró que “se debe tener en cuenta que esas cifras no son propiamente técnicas, sino políticas”. Señaló que en esta ocasión, el Gobierno fue bastante “prudente en sentido macroeconómico” al dejarlo en 4,5%.

Hernández mencionó que de haber aceptado la propuesta de los sindicatos, la economía nacional se hubiera “salido de la senda estable que ha mantenido en los últimos años, porque dar un mayor poder de compra implicaría en el corto plazo unos efectos de desequilibrio macroeconómico para el país”.

En cuanto al impacto que tendría el incremento del salario mínimo nominal para el próximo año en la tasa de desempleo, el profesor desestimó los argumentos de algunos analistas que ven una relación directa entre el volumen de empleo y el costo del trabajo.

Según Hernández, la generación de puestos de trabajo “depende mucho más de la dinámica y el crecimiento económico que logre el país en un momento determinado”, ya que induce a que los empresarios amplíen la oferta laboral, como se ha visto en los últimos años.

Por otra parte, el académico mencionó que sólo el 30% de la fuerza de trabajo devenga el salario mínimo y que el resto de los trabajadores “utiliza el incremento como un parámetro para la negociación interna de sus salarios en las empresas, es decir que esa cifra sirve más como señal de crecimiento en muchos segmentos laborales”.