Tras considerar que el modelo actual de control fiscal no permite responder adecuadamente al reto de combatir la corrupción, el contralor Edgardo Maya urgió en una reforma que establezca un Tribunal de Cuentas.

En lo que hace a la determinación de la responsabilidad fiscal y al resarcimiento del patrimonio público cuando éste sufre menoscabo o pérdida, Maya insistió en la necesidad de pensar en una reforma que permita dividir las tareas de los órganos de control fiscal, de modo que unas dependencias se ocupen de ejercer las funciones de vigilancia y control y otras de adelantar el juicio fiscal.

“Así las cosas, un esquema similar al del sistema acusatorio que rige para lo penal, podría ser el adecuado en materia fiscal, estableciendo por ejemplo que el funcionario auditor, luego de estructurar su hallazgo, será el responsable de presentar el caso y sustentar la acreditación del daño fiscal y la determinación de los presuntos responsables, ante un  funcionario de conocimiento que finalmente se pronunciará mediante fallo sobre la existencia o no de responsabilidad fiscal y ordenará, según el caso, el resarcimiento del patrimonio público”, explicó.

“Este sería uno de los pilares de mi propuesta de crear un Tribunal de Cuentas, que se encargue del juicio fiscal para concentrar las labores de la Contraloría en el ejercicio de la función de vigilancia y control”, expresó.

El contralor Maya calificó como limitado e insuficiente el modelo actual de control fiscal, donde la vigilancia que ejerce la Contraloría se desarrolla a través del ejercicio auditor y, si se evidencia entonces un presunto daño patrimonial, se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal para obtener el resarcimiento correspondiente.

Ese modelo, sostuvo, no le permite a la Contraloría General responder como tendría que ser al reto que le significa enfrentar y superar los crecientes fenómenos de corrupción y de ineptitud en el ejercicio de la administración de recursos, bienes e intereses patrimoniales del Estado.

Por esta razón, consideró urgente aplicar un cambio sustancial de enfoque, que dé prioridad a  la vigilancia de la gestión y de los resultados obtenidos.

Se requiere pensar, diseñar e implementar un modelo de evaluación de los resultados de las políticas públicas que defina y desarrolle el Gobierno, especialmente las de carácter social, precisó.