El parlamento británico midió la solidez de la primera ministra conservadora Theresa May en el voto para derogar miles de leyes y directivas europeas del ordenamiento jurídico.

El apoyo de los diputados unionistas norirlandeses del DUP y la falta de oposición dentro de las mismas filas conservadoras le dieron una victoria de May, pero momentánea: se trata de la segunda lectura de un proyecto de ley que entrará luego en el pantanoso terreno de los comités parlamentarios, donde podrían surgir las enmiendas que la primera ministra quiere evitar a cualquier precio. 

La ley es en realidad un ejercicio de cortar y pegar, como la describió el diario The Times, y consiste básicamente en traspasar todas esas leyes europeas -unas 12.000- al ordenamiento británico. El objetivo es que el día que el Reino Unido salga de la UE, en marzo de 2019, las empresas y ciudadanos no se topen con miles de cambios.

"Las empresas y ciudadanos necesitan garantías de que no habrá cambios inesperados en nuestras leyes el día de la salida y eso es exactamente lo que proporciona la Ley de Derogación", dijo el ministro a cargo de la salida de la UE, David Davis.

"Un voto contra esta ley es un voto a favor de una salida caótica de la Unión Europea", añadió. 

La controversia está en lo que vendría luego, según las pretensiones del gobierno. Como muchas leyes exigirán al menos cambios cosméticos —donde haya menciones a tratados europeos, o a la UE—, el gobierno quiere que los ministros puedan hacerlo sin pasar por el Parlamento, amparándose en lo que se conoce como "poderes de Enrique VIII", por su origen histórico.

La oposición teme que el gobierno abuse de esos poderes e introduzca cambios profundos, no meramente formales, y que por el camino se pierdan derechos hasta ahora protegidos por las leyes y tribunales europeos.

El gobierno llamó a cerrar filas en nombre del interés nacional y prometió que muchos de los cambios serán menores y técnicos, y que cuando sean de mayor envergadura se someterán al escrutinio parlamentario.

Sin embargo, Keith Starmer, el portavoz para temas del Brexit del Partido Laborista -primero de la oposición- calificó el proyecto de ley de "afrenta al Parlamento", en un artículo en el Sunday Times.

Tal y como está planteada la ley, "serían los ministros los que decidirían nuestros nuevos acuerdos comerciales, aduaneros y las leyes de inmigración, cualquier acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos y mucho más", argumentó Starmer.

En el fondo del debate subyacen las diferencias políticas sobre el futuro del Reino Unido fuera de la UE. Desde el referéndum de junio de 2016, los partidos políticos británicos no se ponen de acuerdo sobre el mensaje que el electorado británico quiso transmitir, más allá del mero deseo de abandonar la UE después de 44 años.

May y los conservadores sostienen que los británicos se hartaron de la inmigración y están dispuestos a sacar al país del mercado único europeo y cualquier mecanismo que les impida controlar la llegada de trabajadores europeos.

Los laboristas, en cambio, defienden permanecer en el mercado único europeo y conservar la máxima integración posible estando fuera de la UE.

Entre tanto, crecen las voces que reclaman abiertamente dar marcha atrás y poner fin al proceso de salida, que debería culminar en marzo de 2019 tras dos años de negociaciones.