El matoneo, práctica juvenil de acoso y violencia estudiantil, entrará en cintura gracias a la aprobación en el Congreso del proyecto que busca la protección y atención de las víctimas de esta práctica.

La iniciativa que fue aprobada ayer en último debate en plenaria del Senado,

crea el sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los  Derechos Humanos.

El proyecto contempla la promoción de programas y actividades en conjunto con las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado para combatir el llamado ‘bullying’.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo destacó la aprobación de la Ley que permitirá fortalecer la convivencia pacífica en los colegios públicos y privados.

“La aprobación de esta norma por parte del Congreso de la República significa que Colombia ya cuenta con herramientas que le permitirán prevenir y mitigar la violencia escolar y proteger y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el sistema educativo”, explicó la ministra Campo.

Este proyecto fue  presentado por el Ministerio de Educación Nacional y los congresistas Simón Gaviria, presidente de la Dirección Nacional Liberal, Telésforo Pedraza y Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador.

El representante Pedraza, celebró la aprobación del proyecto y agradeció la labor de los medios de comunicación que entendieron e impulsaron la difusión del objetivo de dicho proyecto.

 “Necesitamos enseñarle a la gente cómo prevenir el matoneo y mostrarle a los estudiantes los efectos que causan el acoso. Los apodos y las burlas son los signos de alarma”, agregó Pedraza.

Acerca de la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de transmisión sexual, el representante Gaviria explicó que la maternidad en mujeres menores de edad “se constituye como una de las principales causas generadoras de pobreza en el país” y “por esa razón se requiere tomar las medidas necesarias para evitar que se sigan presentando estos casos”.

La ley fomentará la creación de un comité escolar de convivencia, que será la instancia del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, de la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como al desarrollo del manual de convivencia y la prevención y mitigación de la violencia escolar.

El manual contempla la búsqueda de alternativas de solución de los hechos como la conciliación.

De no llegar a una solución acordada, los casos serán trasladados por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.

La Leyobliga a la creación de comités de convivencia escolar en los niveles nacional, regional y de instituciones educativas en el país. Así como la constitución de una ruta de atención integral para la convivencia escolar y el sistema de información unificado, además de ordenar la aplicación efectiva de los manuales de convivencia.

El comité de convivencia estará conformado, entre otros por los ministerios de Educación, Cultura, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Icbf, la Defensoría del Pueblo y las instituciones educativas

A su vez se conforma un ‘sistema de información’, con el que se identificarán, registrarán y seguirán los casos de violencia escolar, acoso y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes. Esa información servirá de base para la toma de decisiones y la reorientación de estrategias y programas que fomenten un adecuado clima escolar.

El matoneo es una práctica que afecta tanto física y psicológicamente a las personas que son víctimas. Incluso, se conoce de casos que han desencadenado en suicidios. En la actualidad las redes sociales son escenario donde se viene presentando en alto grado este tipo de violencia.

A la norma le resta su conciliación por parte de Cámara y Senado para su posterior firma presidencial.