El congreso ecuatoriano inició ayer el trámite de aprobación de un proyecto del gobierno que aumenta la regulación del sector financiero, en medio del rechazo de la banca privada que teme una intervención desmedida del Estado.

La iniciativa, que deberá ser aprobada antes de fin de mes con el voto de la mayoría oficialista, es presentada por el gobierno como una reforma clave para impedir crisis como la de 1999, cuando 16 entidades financieras quebraron y fueron rescatadas con fondos públicos por cerca de 8.000 millones de dólares.

El colapso de 1999 desencadenó en un feriado bancario y en la dolarización de la economía, todavía vigente. Además, miles de personas quedaron en la ruina y el gobierno de entonces fue derrocado por masivas protestas.

El proyecto busca "darle más seguridad a los depositantes a través de entidades más sólidas, mejor reguladas, mejor controladas", argumentó el ministro de Política Económica, Patricio Rivera, a la televisión pública.

"No es que el gobierno le va a decir (a los bancos) préstele a quien fuera (...), lo que sí va a hacer es que, a través de incentivos, desincentivos, regulaciones, el crédito sea más fuerte; que aumente a los sectores que nos interese socialmente", explicó el ministro.

De otro lado, la banca privada se opone a que el gobierno quiera orientar el crédito y estima que la ley le restará facultades para determinar el riesgo en la concesión de préstamos.

"Los bancos tendrán que hacer lo que el poder público les diga", señaló el titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino.

El proyecto, que fue presentado por el gobierno con carácter de urgente prevé penalizar el congelamiento de depósitos bajo la figura de peculado y aumentar los montos mínimos de capital para la apertura de un banco./AFP