Si Colombia  quiere entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) deberá hacer un mayor gasto social a mediano y largo plazo y, por consiguiente, un ajuste tributario que permita enfrentar este reto.

Así lo planteó la Contraloría General de la República, CGR, en un análisis sobre los desafíos que implica ser miembro de dicha organización.

Para la CGR, Colombia va a tener que ajustar su sistema tributario de manera suficiente para que pueda alcanzar el nivel estándar del gasto público social que se le exige a un país miembro de la OCDE.

Asimismo, y de acuerdo con el Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (Cisoe), a Colombia le costaría cerca de $20 billones anuales acercarse a los principales indicadores de los países miembros de la OCDE.

La evaluación del Cisoe indica que entre 2015 y 2030 se requerirían gastos adicionales de entre 3 y 7 puntos del PIB. Para 2015, por ejemplo, se necesitarían unos 3 puntos adicionales del PIB, lo que equivale a cerca de $19,5 billones, para mejorar la calidad de los servicios de salud, atención a la vejez, educación, vivienda y reparación de víctimas.

En este contexto, consideró la CGR, “es importante debatir la consecución de potenciales ingresos sin olvidar que Colombia exhibe niveles de desigualdad importantes, tanto en ingreso como en riqueza, por lo cual se deberá propender por una reforma con equidad”.

El país enfrenta el desafío de contar con recursos públicos que le permitan financiar el gasto adicional que se necesitaría para mejorar los indicadores sociales y llevarlos por encima de los niveles que se encuentran actualmente, señaló la Contraloría.

Impacto Fiscal

Por otra parte, el gasto (excluyendo intereses) del Gobierno Central como proporción del Producto Interno Bruto (17% del PIB) ni siquiera alcanza el nivel promedio del gasto social de la OCDE (21,9% del PIB).

En relación con lo anterior, dice el análisis de la CGR, los ingresos tributarios no alcanzarían a cubrir dicho gasto. De hecho, ha sido necesario contar con los excedentes de las empresas del Estado para financiar el gasto público, destacándose el caso de Ecopetrol.

Ingresos tributarios

Considera la Contraloría que “el reto entonces será mantener o generar mayores ingresos tributarios ante una desaceleración de la actividad económica en la actual coyuntura de bajos precios del petróleo y un gasto público con un nivel importante de flexibilidad”.

El análisis de la CGR sobre el tema está contenido en el Boletín Macro-Fiscal, elaborado por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas,  dedicado a detallar y mirar con lupa las recomendaciones que ha formulado la OCDE en materia tributaria  y que el Gobierno deberá retomar y posiblemente adoptar entre 2015 y 2016.

La OCDE ha recomendado realizar una reforma tributaria estructural para incrementar la equidad, el crecimiento y el recaudo. Igualmente ha propuesto disminuir la carga impositiva a las empresas y a la inversión en el sector real, aumentar el control  a la evasión, elevar la tarifa general del IVA y reducir las exenciones al impuesto a la renta y al mismo IVA.

Las propuestas de la OCDE desmontan elementos establecidos en las dos últimas reformas tributarias como la doble tributación, el impuesto a la riqueza, la tasa y sobretasa del CREE, resalta el análisis de la CGR

Perspectivas

La Contraloría considera que “es imprescindible, más allá de la consecución de recursos a corto plazo, realizar una modificación estructural al modelo tributario actual, que dote de simplicidad al sistema tarifario, con equidad.

Uno de los objetivos fundamentales de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria que creó el Gobierno, además del diseño de la estructura del sistema tributario, es aumentar el recaudo en $8 billones (1% del PIB). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión no se tendrán en el corto plazo y su discusión en el Congreso sólo se dará hasta el próximo año.

Mientras tanto, las autoridades que administran las finanzas públicas deberán estar atentas a su estabilidad en el marco de los precios del petróleo, la devaluación y el menor crecimiento económico previsto.

Es probable que, como se ha hecho en los últimos años, sea necesario aumentar el recaudo con una mini-reforma que posiblemente no incluya las necesidades que tiene el país de ajustar su estructura tributaria para cubrir todas las necesidades del gasto nacional”.

Cómo vamos

Según el estándar de la OCDE, Colombia presenta un elevado nivel de evasión. En el impuesto al valor agregado (IVA) la evasión está cerca de 2% del PIB, equivalente a $15,2 billones, mientras que las estimaciones sitúan la evasión tributaria del impuesto sobre la renta de las empresas en el 2,3% del PIB, que alcanza $17,5 billones.

Para remediar estas falencias se plantea fortalecer la administración tributaria incrementando el personal dedicado al control, mejoras tecnológicas y el aumento de las sanciones por fraude fiscal (convirtiendo en delito la evasión tributaria nacional y extraterritorial).

La OCDE también resalta que la carga tributaria efectiva sobre las empresas en Colombia es elevada por el efecto combinado de las tasas del impuesto a la renta de las sociedades (34%), el impuesto al patrimonio (que grava los activos de las empresas) y el IVA sobre la inversión.

El organismo propone unificar el impuesto sobre la renta de sociedades y el Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), ampliando la base impositiva y reduciendo la tasa combinada, con esto se buscaría atraer a la inversión nacional y extranjera.

Para reforzar este aspecto la OCDE propone gravar los dividendos a las personas naturales con el fin de aumentar el recaudo e incrementar la progresividad redistribuyendo la carga impositiva sobre las rentas del capital desde las empresas hacia los accionistas particulares.

De otro lado, desde 2011 tanto las personas naturales como las jurídicas, están sujetas a un impuesto al patrimonio el cual grava los activos netos. Según la OCDE, “las empresas no deberían estar sujetas al impuesto sobre el patrimonio. En su lugar, la propiedad personal de acciones societarias debería incluirse en la base impositiva, ya que constituyen una forma de patrimonio”.

En cuanto a las modificaciones al IVA para las empresas e incrementar la tarifa general, el organismo internacional señala que “adoptar un régimen de IVA basado en el consumo reduciría la carga tributaria sobre la inversión. Esto incrementa significativamente el costo de inversión en Colombia.

En el marco de una reforma tributaria integral, Colombia debería imponer el IVA únicamente sobre el consumo y no sobre la inversión”.

En el análisis de la entidad, también se alerta sobre las exenciones que hay sobre el impuesto a la renta. Por ejemplo, cita exenciones como las pensiones, los ahorros voluntarios para la jubilación y para la adquisición de vivienda y las deducciones que sobre los ingresos pueden hacer los empleados.

Es de prever que estas recomendaciones se incluirán en las próximas reformas tributarias ya que, como lo define el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, el objetivo es construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los estándares de la OCDE, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo.

Sin embargo, es importante resaltar que estas propuestas desmontan elementos establecidos en las dos últimas reformas tributarias (doble tributación, impuesto a la riqueza, tasa y sobretasa del CREE, etc.) y propone otras nuevas como el incremento de la tarifa general del IVA, siendo necesario estimar claramente los efectos netos sobre el recaudo del Gobierno.

Colombia planea ingresar como miembro pleno al grupo de países que integran la OCDEa partir del 2016, organización que ha elaborado un perfil de la economía colombiana y ha formulado una serie de recomendaciones tributarias, pensionales, laborales, ambientales, entre otras. Uno de los principales análisis sugiere llevar a cabo una reforma tributaria, lo que implica modificar el estatuto actual con el objetivo de aumentar y mejorar la eficiencia del recaudo.