Además de hacer auditorías más rigurosas, se busca un mayor conocimiento de los solicitantes y que los proyectos tengan viabilidad económica y financiera.

 

Así lo dijo Sonia Rojas, subdirectora de Gestión de Riesgo Aduanero de la Dian, quien además comentó que es clave evitar que se propicie una competencia desleal o una distorsión del mercado. Este es el punto que más ha llamado la atención de los estudiosos del tema.

 

En el país existen 89 zonas francas declaradas, que se comprometieron a invertir 13 billones de pesos y cuyo nivel de ejecución va en 63 por ciento.

 

Excluyendo al 2007 –cuando se aprobaron 9 zonas francas sólo entre octubre y diciembre tras la puesta en marcha del régimen–, el año pasado fue el de menor cantidad de declaratorias.

 

Según datos del Ministerio de Comercio y de la Dian, sólo 11 fueron aprobadas.

 

Estos proyectos contemplan inversiones que rondan los 913.000 millones de pesos y la creación de 910 empleos directos.

 

Un informe del Banco de la República señala que “resulta injustificado que empresas con características similares en tamaño, actividad y ubicación tributen con tarifas relativamente más altas en el impuesto de renta. Eso desincentivaría las inversiones que se pretendan ejecutar fuera de las zonas”.

 

Horacio Ayala, ex director de la Dian, consideró que el régimen actual tiene beneficios exagerados que generan una competencia desleal con otros sectores y además da pie para que se genere evasión en el pago del IVA.

 

Ayala señaló que las zonas francas deberían volver a su función inicial de estimular la incorporación de bienes y servicios locales orientados a la exportación.