La Procuraduría General de la Nación le formuló una solicitud al Viceministerio de Relaciones Laborales, en el sentido de adoptar acciones urgentes en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil en el país, y de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

En reunión sostenida entre la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y el viceministro Enrique Borda Villegas, la funcionaria advirtió sobre diferentes fallas en la gestión interinstitucional para erradicar el trabajo infantil, como la falta de articulación, la ausencia de compromiso por parte de las autoridades territoriales en la identificación y registro de casos, la omisión de registro en el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI), la falta de una línea de base que permita monitorear el problema desde la realidad, la debilidad en la asistencia técnica desde lo nacional a lo territorial, las ineficaces acciones de prevención, la insuficiencia de la oferta institucional para atender la situación, la falta de sensibilización a los actores sociales y además el hecho de que en muchos municipios la necesidad de abordar la situación no es prioridad.

El viceministro Borda Villegas afirmó que son varias las acciones que el Ministerio de Trabajo adelanta, llamando la atención sobre la congestión y dificultades para otorgar permisos laborales a los y las adolescentes, muchos de ellos padres y madres de familia, que se ven abocados a insertarse en la informalidad laboral, incrementando el riesgo de terminar siendo víctimas de la explotación laboral. Al respecto, señaló el funcionario que es necesario simplificar los requisitos y procedimientos de permiso y ahondar en la imposición de sanciones a las empresas que permitan este tipo de relaciones laborales.

Igualmente, el viceministro planteó la imperante necesidad de generar una ética social que rechace el trabajo infantil y que supere la tolerancia social frente al fenómeno. También solicitó a la Procuraduría su acompañamiento preventivo para lograr que gobernadores y alcaldes se comprometan desde sus planes de desarrollo a afrontar la situación.

Por su parte, la procuradora delegada reiteró el llamado al Ministerio del Trabajo para que, en su calidad de presidente del Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, lidere la elaboración e implementación de la política pública de prevención de este flagelo que vulnera a diario los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la integridad y formación sexual, entre otros, de centenares de menores de edad en Colombia.

Cabe destacar que en el 2011 perdió vigencia el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, y desde entonces Colombia no cuenta con un plan de acción articulado. Cada entidad competente adelanta algunas acciones aisladas en materia de prevención y atención.

Frente a este llamado de la Procuraduría, el viceministro afirmó que la elaboración de la política pública se encuentra en la fase de diagnóstico. Planteó asimismo la validez de la discusión frente a la inclusión de la explotación sexual infantil en la lista de las peores formas de trabajo, como lo considera actualmente la OIT, pues no se trata simplemente de una relación laboral, sino de una atroz conducta delincuencial, tesis que comparte la Procuraduría General de la Nación y por lo cual buscará las vías jurídicas para replantear el debate.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación y el Viceministerio de Relaciones Laborales se comprometieron a seguir aunando esfuerzos, desde sus competencias, para la garantía efectiva de los derechos de los infantes y adolescentes en Colombia.