Más de la mitad de los colombianos encuestados en el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International cree que la corrupción ha aumentado en los dos últimos años, una tendencia que se mantiene en las Américas y en los otros 106 países que fueron incluidos en esta octava edición de la encuesta.

Sin embargo, ante este preocupante panorama, la nota positiva la ofrecen los ciudadanos, quienes afirman que quieren actuar: el 97% de los colombianos encuestados dice estar dispuesto a involucrarse activamente en la lucha contra la corrupción. Esta cifra es 18 puntos porcentuales más alta que la reportada en el 2010.

Las opiniones sobre la ineficiencia de las medidas del gobierno para combatir la corrupción -algo observado por el 56% de los colombianos-, y la percepción de la gravedad del problema en el sector público por parte de un 62% de los encuestados, parecen ‘activar’ la corresponsabilidad de los ciudadanos.

Las maneras en que los colombianos manifestaron querer actuar contra la corrupción van desde la presión social a sus gobernantes suscribiendo peticiones (87%), hasta el activismo en redes sociales (80%). Por otro lado, se destaca el interés en reportar hechos de corrupción. Para el caso de Colombia, en 2010 el 86% de los encuestados afirmó estar dispuesto a hacerlo, y en 2013 este porcentaje se elevó a 91%.

Sin embargo, cuando se pregunta ante quién haría la denuncia, el 33% de los encuestados asegura que ante medios de comunicación, mientras que un 21% recurriría directamente a la institución pública, o a una línea de atención del gobierno (31%).

Para Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, estas cifras revelan, además de la importancia de los medios en la lucha frente a la corrupción, “la necesidad urgente de desarrollar políticas, mecanismos y canales expeditos para recibir y procesar las denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción y mecanismos de protección a denunciantes. Sin esto, esa voluntad ciudadana se perderá”.

El Barómetro también evidencia la poca confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de representarlos y de diseñar políticas para combatir la corrupción. Es así como los partidos políticos y el Congreso son percibidos por los colombianos como muy corruptos, con una calificación de 4,3 (siendo 1 nada corrupto y 5 muy corrupto), situación que se repite en los demás países de la región.

Le siguen en esta pésima opinión el sistema judicial (3,8), los servicios médicos (3,8) y las fuerzas militares (3,4).

En Colombia las prácticas de corrupción parecen estar más asociadas a la incidencia indebida de intereses corporativos en el gobierno, que al soborno para acceder a servicios públicos. El 32% de los colombianos encuestados cree que un número reducido de grupos de interés incide “totalmente” en el gobierno para su propio beneficio, mientras que  el porcentaje de personas que paga soborno representa  sólo el 22% de los encuestados.

 ¿A dónde se van los sobornos en Colombia? Según los encuestados, los principales pagos se van a la policía (27%), la justicia (19%) y a los servicios de registro y permisos (16%). Entre las principales motivaciones para pagar sobornos están la necesidad de “acelerar el proceso o trámite” (49%) y “era la única manera de obtener el servicio” (36%).

Frente a estos resultados, Ungar agregó que “la captura del Estado por parte de actores ilegales y corporaciones, sumado al pago de sobornos para acceder  a servicios y bienes prestados por entidades públicas, solo ha contribuido a profundizar la problemática de exclusión y débil garantía de derechos para un número muy  importante de colombianos”.