Más de 25 quejas en contra de la reforma a la justicia han sido radicadas durante los últimos días ante varias entidades del Estado como la Procuraduría General, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Las  demandas están relacionadas con la legalidad del llamado a sesiones extra, presuntos vicios de forma y fondo del texto y del trámite del mismo, e incluso las inhabilidades en las que pudieron haber incurrido varios congresistas a la hora de votar la iniciativa.

En la Corte Constitucional, hasta ahora, se han radicado seis demandas en contra del acto legislativo, pero por el momento los magistrados decidieron dar curso sólo a dos de las peticiones. Para el trámite de éstas fueron designados como ponentes Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Iván Palacio.

Uno de los procesos aceptados fue entablado por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, mientras que el otro fue iniciativa de un grupo de ciudadanos que consideran necesario que la Corte se pronuncie ante el caso.

El futuro de estas solicitudes no está definido ya que la reforma no fue promulgada, lo que abriría paso a la posibilidad de que la Corte niegue de las demandas. Sin embargo, se conoció que el Alto Tribunal no ha contemplado la opción de archivar las denuncias.

Además, se supo que los magistrados están buscando las posibilidades legales y constitucionales que les permita decidir si se pronuncian o no frente a la exequibilidad de la reforma, el trámite de la misma, las objeciones presentadas por el presidente Juan Manuel Santos y la citación a sesiones extra a los congresistas durante 28 y 29 de junio. De pronunciarse, la Corte espera que a través de sus planteamientos se ayude a esclarecer el “embrollo judicial” que representa el acto legislativo.

En la Corte Suprema de Justicia las cosas no son muy diferentes, ya que se han radicado cuatro denuncias relacionadas con la reforma a la justicia de las cuales una, la radicada por Pablo Bustos,  fue aceptada por el organismo.  El demandante solicita la pérdida de investidura de los 172 congresistas que avalaron la iniciativa durante el transcurso de los ocho debates y la conciliación.

Según Bustos, los congresistas habrían incurrido en prevaricato por acción al legislar para su propio beneficio con la reforma judicial, argumento que tendrá que ser avalado o desmentido por el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Guillermo Salazar, a quien le fue asignado el estudio del caso.

En la Corte Suprema también se radicó una denuncia penal en contra de los congresistas que hicieron el texto de conciliación quienes, según el demandante, incurrieron en los delitos de falsedad en documento público, extralimitación de funciones, tráfico de influencias, conflicto de intereses y presunto concierto para delinquir.

En el Consejo de Estado también se han radicado peticiones que van en contra del trámite y objeción de la reforma. Una de las denuncias pide la pérdida de investidura de los 12 legisladores que conformaron la Comisión de Conciliación del texto.

“Considero que incurrieron en conflicto de intereses al incluir dentro del texto que tenían que conciliar, temas y puntos que nunca habían sido debatidos, y esto lo hicieron en beneficio propio, estaban legislando en causa propia”, explicó Saúl Villar, el abogado demandante.

El Consejo de Estado todavía no ha admitido ninguna demanda, pero se encuentra en proceso de estudio de las quejas radicadas.

La Procuraduría General de la Nación ya completa 21 quejas en contra de senadores y representantes que participaron en el proceso de trámite y posterior archivo de la reforma a la justicia. Por ahora el procurador Alejandro Ordóñez se encuentra analizando las quejas que ha recibido en su despacho y sólo hasta dentro de unos días revelará las medidas que va a tomar frente a las denuncias.

“Hasta este momento se han presentado ante la Procuraduría 21 quejas que se están tramitando de acuerdo a los términos de ley. En los próximos días la Procuraduría proferirá la primera decisión una vez haya evaluado las quejas”, dijo Ordóñez.

El estudio de cada una de las demandas aceptadas por las diferentes entidades del Estado serán las que permitan develar el camino jurídico real de la reforma a la justicia que fue hundido la semana pasada en el Congreso de la República, por petición del presidente Juan Manuel Santos.