Un desorden administrativo y gerencial de elevadas proporciones encontró la Contraloría General de la República al evaluar la gestión de la Unidad Nacional de Protección –UNP correspondiente a la vigencia 2014, particularmente graves deficiencias e irregularidades en materia de contratación.

 

Reconocimiento y pago de bienes y servicios sin los debidos soportes, así como arrendamiento de vehículos blindados y corrientes sin respaldo presupuestal y contractual, son algunas de las anomalías que se pusieron en evidencia.

 

Se pagaron tiquetes aéreos, peajes, gasolina y viáticos a esquemas de seguridad y escoltas contratados por la UNP, pero en algunos casos tales pagos no están justificados plenamente.

 

Es así como la CGR detectó un presunto detrimento patrimonial por $14.790 millones, representado en el acumulado de los reconocimientos y pagos de los denominados “Gastos Reembolsables” de 4 contratos de 2014 y de 3 contratos de 2012, por facturas que no cuentan con los soportes respectivos como pasabordos utilizados, recibos de peaje, soporte de consumo de combustible y facturas de los pasajes comprados, por lo que existe incertidumbre sobre la real prestación del servicio cancelado.

 

En desarrollo de esta auditoría, se establecieron en total 77 hallazgos administrativos, de los cuales 28 tienen presunta connotación disciplinaria y 5 de ellos presunta incidencia fiscal.

 

Para la vigencia fiscal 2014, la Contraloría General de la República entregó un concepto desfavorable sobre la gestión y resultados de la UNP, emitió una opinión adversa o negativa sobre sus estados contables y no feneció la cuenta de la Entidad.

 

Se alquilaron chalecos blindados cuando se tenían guardados elementos similares

 

Un hallazgo de esta auditoría  tiene que ver con el alquiler de chalecos blindados en 9 contratos de 2014, cuando en el Almacén de la Unidad Nacional de Protección se contaba con disponibilidad de estos elementos.

 

“Esta situación presupone una gestión antieconómica porque a pesar  de la adquisición de chalecos blindados, los mismos no fueron entregados a los esquemas de protección y por el contrario se continuó pagando su alquiler, cuando en el Almacén se tuvo una disponibilidad promedio mensual de 5.795 de estos elementos”.

 

En este caso, se presenta un presunto detrimento patrimonial, derivado de este alquiler -el cual suma $225 millones- por los pagos efectuados por este ítem en los mencionados contratos.

 

Se compraron 1.699 pistolas y la entidad  no alcanza a tener 400 escoltas

 

A través de 3 contratos la UNP adquirió 1.699 pistolas automáticas calibre 40 y 139.852 cartuchos de munición, en desarrollo de un Proyecto de Inversión por valor de $6.500 millones, que presupuestalmente se ejecutó en $6.153 millones.

 

A noviembre de 2014 ingresaron a la bodega de armas de la UNP 1.380 pistolas y estaban pendientes de recibir 319.

 

Según la Contraloría, al analizar el número de armas adquiridas frente a la cantidad de escoltas la planta de personal de la Entidad, que no superan los 400, se observan debilidades en la planeación del proyecto y suscripción de los contratos derivados del mismo, al realizar una compra que no está en proporción a las necesidades de la UNP.

 

Es de anotar que estas armas tienen una vida útil de 10 años y 40.000 disparos y dado el número de funcionarios con que cuenta la Entidad para labores de protección, se evidencia un riesgo de deterioro por no ser utilizadas.

 

Una de las justificaciones de la adquisición se sustenta en la pretensión de ampliar la planta de personal de escoltas, lo que no se ha podido materializar a la fecha. Además, al momento de formular y suscribir los contratos de adquisición de estas armas, la UNP había comprometido recursos (con vigencias futuras) para el alquiler de armas en 2012, 2013 y parte de 2014, a través de la tercerización del servicio de personal de protección.

 

Cuentas pagadas sin los debidos soportes: se pagaron

$800 millones por combustible y no hay respaldo de facturas

 

Se encontraron múltiples casos de cuentas pagadas sin evidencia de los soportes correspondientes. Así, por ejemplo, la cuenta con obligación No. 636514, cancelada con orden de pago No. 3368515 del 16 de enero de 2015, por concepto de combustible, por valor de $800 millones de pesos, no cuenta con facturas ni recibido a satisfacción.

 

Uno de los hallazgos detectados tiene que ver con una cuenta por pagar de servicio de alquiler de vehículos blindados para servicios ocasionales:

 

“La Entidad registró una cuenta por pagar con las facturas Nos. 6859 y 1522 expedidas el 9 de enero de 2015, por valor de $55,6 millones cada una, por concepto de alquiler de vehículos blindados para servicios ocasionales como apoyo al programa de protección”, sin embargo en las facturas no se describen ni el número total de vehículos ni el período de prestación del servicio”.

 

Igualmente, las actas de recibo a satisfacción carecen de esta información, pues no se detalla el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, información indispensable para que la Entidad pueda confrontar y/o comprobar si los valores cobrados corresponden a los servicios suministrados”.

 

Así mismo, el pago de las cuentas con obligación Nos. 640214 y 640314, por concepto de alquiler de 106 vehículos blindados, durante el período comprendido entre el 27 de noviembre y el 26 de diciembre se realizó con soportes que presentan inconsistencias: las obligaciones fueron canceladas con fotocopias de facturas y no con las originales y los valores de las cuentas por pagar, no coinciden con los descritos en las copias de las facturas.

 

¿Se están alquilando vehículos innecesariamente?

 

Con respecto a la relación de los 472 y 481 vehículos alquilados por la entidad del 27 de noviembre al 25 de diciembre de 2014, se observa que el 30% de éstos no tienen beneficiario asignado y 33 vehículos equivalentes al 6% se encuentran disponibles en la UNP.

 

Igual situación se presenta con los 525 vehículos alquilados por la UNP entre el 1 y el 27 de diciembre de 2014, de los cuales 41 se encuentran disponibles en la Entidad y 155, equivalentes al 29% del total, no tienen beneficiario asignado.

 

Para la CGR, la situación descrita anteriormente evidencia debilidades en la elaboración del estudio de necesidades, en la planeación y seguimiento, toda vez que se pueden estar alquilando vehículos innecesariamente.

 

EN SÍNTESIS

 

*La UNP inobservó los principios presupuestales al adquirir compromisos sin las disponibilidades de apropiación requeridas. Se evidencian contratos cuya ejecución extiende y supera las vigencias respectivas. 

 

*A contratistas y operadores de los esquemas de seguridad se les adeudaba por parte de la UNP alrededor de $41.454 millones de la vigencia 2014, y con cargo al presupuesto de la vigencia 2015 la Entidad se ha visto en la obligación de cancelar $21.012 millones. Estos contratos no contaban, para la continuidad de su ejecución, con los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, lo cual afecta la disponibilidad y ejecución de la vigencia fiscal 2015.

 

*Componente financiero – contable de la UNP: “Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos estados contables ascienden a $165.531,3 millones, valor que representa el 390% del activo total de la Entidad, que asciende a $42.357,2 millones”.

 

*Con base en una declaratoria de Urgencia Manifiesta  del 15 de septiembre de 2014, se suscribieron contratos pasados hasta más de 100 días después de que se efectuó la misma, lo que constituye una vulneración al principio de inmediatez que exige la adopción de esta medida.

 

*La CGR considera no hay certidumbre sobre la real necesidad que tenía la UNP de contratar una empresa privada para supervisar los contratistas que proveen los esquemas de seguridad, si durante 5 meses 19 días se ejecutaron 6 contratos sin que hubiera intermediación de un tercero que realizara esta labor de auditoría

 

*De acuerdo con la información registrada en sus bases de datos, a marzo de 2015, la UNP tiene un total de 9.646 beneficiarios del Programa de Protección. Según la Contraloría, la información se encuentra desactualizada y presenta varias inconsistencias.

 

*Desde la creación de la Entidad esta no cuenta el personal de planta ni vehículos necesarios y suficientes para prestar directamente el servicio de protección cuando se hacen necesarios los esquemas, por lo que ha acudido a tercerizar estos servicios.

 

*La tercerización ha generado altos costos para la UNP, lo que aunado con las deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo y supervisión en la prestación de estos servicios (esquemas protectivos, arrendamiento de vehículos y suministro de gasolina, entre otros) han llevado a que la Entidad presente un déficit fiscal aproximado de $40.000 millones de pesos.

 

*La Entidad enfrenta un alto riesgo de daño jurídico y patrimonial por las reclamaciones administrativas y contractuales por más de $140.000 millones que los contratistas de los esquemas de protección le han presentado por motivos como lesiones patrimoniales por fuerza mayor, aumento de la carga prestacional y parafiscal, demora en el pago de facturas, incremento en el costo laboral y descansos remunerados y ajustes por inflación, entre otros.

 

*La UNP no está siendo coherente en asignar las medidas de protección a los beneficiarios de conformidad con el nivel riesgo que presentan y se están cancelando recursos por esquema de protección al servicio de beneficiarios que no lo ameritan.

 

*La Entidad ha asignado vehículos a personas que no están contempladas por el Programa de Protección