Más acciones reclaman los gobernadores | El Nuevo Siglo
Martes, 15 de Abril de 2014

La zona del Pacífico ya no aguanta más diagnósticos y hay que pasar del dicho al hecho, para de manera contundente solucionar la problemática económica y social de las gentes del litoral, fue el pronunciamiento de los cuatro gobernadores de la región, reunidos en el órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD, llevado a cabo el fin de semana pasado en Buenaventura.

Este fue un duro llamado al Gobierno nacional en el sentido de que aplique correctivos contundentes a las políticas públicas establecidas para la región, a fin de mitigar la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades en salud, educación y el empleo, causantes de los graves males que acosan no sólo a Buenaventura sino a todos los pueblos sufridos de la Costa Pacífica.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, impulsor de la propuesta, fue secundado por los demás mandatarios, al tiempo que se hizo un llamado a la bancada congresal de los cuatro departamentos para de forma unida trabajar en pos de los objetivos propuestos por los ejecutivos de la región.

El llamado a la unidad de los congresistas, representantes y senadores de Cauca, Valle, Nariño y Chocó, giró en torno a la búsqueda de soluciones efectivas, conjuntas, a la agobiante situación económica y social que viven las comunidades del Litoral Pacífico.

Los gobernadores Ortega, Raúl Delgado (Nariño), Ubeimar Delgado (Valle) y Efrén Palacios (Chocó) fueron enfáticos al señalar que ya está bien de diagnósticos y auscultaciones sobre los males de la región, y que hay que pasar a las acciones, “pero acciones contundentes que sirvan para cambiar  el rumbo de la región   por los senderos del progreso y el verdadero desarrollo económico y social”.

Los mandatarios regionales señalaron que la difícil situación de violencia y de pobreza que enmarca la visión del pacífico colombiano, con Buenaventura como eje central no es de ahora, y que es consecuencia del centralismo rampante  que por muchos años se ha ejercido desde Bogotá, con grave detrimento para las comunidades pobres del Litoral y de otras regiones del suroccidente del país.