Activar las herramientas jurídicas que permiten a los alcaldes, gobernadores y comisarios de familia actuar en defensa de los menores y evitar que resulten quemados por el uso indebido de pólvora, pidió el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al ministro del Interior, Aurelio Iragorri; y al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Marco Aurelio Zuluaga, luego de conocer que en lo corrido de este mes se han presentado 31 casos de niños lesionados. En la comunicación, le solicita al ICBF presentar un informe sobre las acciones que ha tomado de cara a la protección de niños, niñas y adolescentes en este sentido y al Ministerio del Interior una relación de las medidas con las que cuentan los mandatarios locales y seccionales para controlar el comercio de productos pirotécnicos en sus jurisdicciones. “El incremento del número de niños lesionados nos convoca a exigirle al ICBF que, aunque adelanta un proceso pedagógico, no debe quedarse en ese punto. El Instituto cuenta con herramientas para actuar cuando los menores han sido abandonados por sus padres y adelantar las investigaciones respectivas. Allí los comisarios de familia juegan un papel muy importante”, manifestó el Defensor del Pueblo. También pidió al ICBF una relación de cuáles han sido las acciones y estrategias de comunicación implementadas por el Instituto para informar a las autoridades locales, a las familias y a la sociedad en general sobre el deber de protección de los menores frente a la comercialización y manipulación de la pólvora. Finalmente, se solicitó un reporte que determine cuántos niños, niñas y adolescentes registra como víctimas de accidentes con pólvora. Según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de diciembre en el país se registran 79 personas lesionadas como consecuencia de la manipulación de pólvora, de los cuales 31 son menores.