El Tribunal Superior de Yopal será el encargado de determinar si acepta o no la demanda que presentó el  Gobierno Nacional de declara el para judicial que ya completa 24 días.

Pedro Pablo Torres Beltrán, presidente de ese despacho, también es el ponente de la demanda de que se interpuso.

Beltrán señaló que ese Tribunal es el único que esta laborando en el país.

El Ministerio de Trabajo emitió hoy un comunicado a la opinión publica confirmando que se pidió declarar la ilegalidad del paro de manera escrita ante la Procuraduría. La cartera laboral resalta que, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la huelga "no es absoluto" en el caso de los servicios esenciales del estado, como es el caso de la huelga de la rama judicial. 

El siguiente es el texto completo del comunicado:

“Ante el cese de actividades de los trabajadores de la Justicia que ya suma 24 días, el Gobierno Nacional se permite declarar lo siguiente:

1. Desde que inició el paro de trabajadores de la justicia en Colombia, el Gobierno Nacional ha demostrado plena disposición para escucharlos, así como hallar salidas a este conflicto laboral. Sin embargo, ante las generosas ofertas del Gobierno Nacional no ha sido posible llegar a un acuerdo.

2. A lo largo de los 24 días que suma el paro de Asonal Judicial y de los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional ha manifestado su preocupación por la alteración de numerosos procesos penales que pueden terminar por llevar a las calles a personas de alta peligrosidad, y de vencer los términos de tutelas que se encuentran en curso.

3. Desde ayer en la mañana, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo como autoridad competente para este efecto según la Ley, solicitó que se declare ilegal el paro de trabajadores. La demanda fue llevada a los tribunales de las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, pero no fueron recibidas. Por tal razón, el Gobierno Nacional radicó el documento en mención ante la Procuraduría delegada para Asuntos Judiciales, en la ciudad de Cartagena. También se envió copia a la Procuraduría General de la Nación.

4. Conviene recordar que el 15 de octubre de 2009, el Magistrado Ponente, Rafael Méndez Arango, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la Sentencia del 10 de septiembre de ese año, en la que esa corporación se pronunció acerca del paro laboral de los trabajadores de esa rama del Estado:

“El derecho de huelga no es absoluto, como ha sido reconocido por la Corte Constitucional en diferentes fallos, ya que la Constitución Política no lo garantiza en los servicios públicos esenciales”...

“…Como el artículo 230 de la Constitución Política establece que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, al haber sido calificada la administración de justicia como un servicio público esencial por el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, ningún juez puede aceptar como válido un argumento que pretenda desconocer esta realidad normativa, como tampoco está facultado para desatender dicha calificación legal.

5. El Gobierno Nacional seguirá contribuyendo con la solución por la vía del entendimiento y el consenso de este conflicto laboral”.

Horas antes, la contralora Sandra Morelli también había pedido la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades. De acuerdo con un comunicado difundido anoche por el Ministerio de Justicia, Morelli habría invocado “que se trata de un servicio público considerado como esencial, de acuerdo con la legislación vigente”, en la demanda que habría sido “presentada por la Contralora General ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral”.

Según el comunicado, Morelli habría dicho que la Nación “se encuentra en grave riesgo de resultar afectada patrimonialmente por las consecuencias propias del cese de actividades adelantado por los funcionarios de la rama judicial y la Fiscalía General”.

La Contralora aspiraría a que “que se prevenga a los funcionarios” para “que reanuden las actividades en cada uno de los despachos” y “se ordene la constitución de una comisión de verificación de la reanudación de actividades”.

24 días

Asegurando que el Gobierno ha flexibilizado su postura inicial para acabar con el paro judicial que ha dejado más de 400.000 audiencias represadas, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, defendió la labor de su colega en Justicia, Ruth Stella Correa.

Para Carrillo, la solución en la nivelación salarial estaría a 60.000 millones de distancia, por lo que pidió más apoyo de la Rama Judicial.

“El Gobierno ha fijado pautas fundamentales, por un lado ha hecho un reconocimiento de una prestación, por otra parte sí creo que hemos sido flexibles, tenemos una gran limitación fiscal, y reconocemos que debe haber justicia y equidad en la rama”, sostuvo Carrillo.

Ayer, funcionarios de la Fiscalía en Bogotá se sumaron al cese de actividades de la Rama con una toma de las instalaciones.

Más de 1.800 trabajadores de la Fiscalía impidieron el acceso al búnker y anunciaron que se quedarán ahí hasta que el Gobierno atienda sus peticiones de una nivelación salarial justa.

Las divergencias entre Asonal Judicial y el Gobierno mantienen vivo el paro que hoy completa 24 días.

La ministra Correa asegura que no hay razón para mantener el cese: "Nosotros les hicimos una propuesta generosa de un billón 140.000 millones de pesos. Ellos la aceptaron, pero nos pidieron la actualización, que vale 80.000 millones adicionales. Nosotros la aceptamos pero les dijimos que la pagaríamos en 2019, ellos insisten en que sea en 2013, pero fiscalmente no tenemos ninguna posibilidad, y ahí se enredó la situación".

El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, dijo que el Gobierno Nacional cambio la propuesta que venia manejando en los últimos días y que por ello hubo un mayor distanciamiento entre las partes: “La ministra planteó nuevamente que el Gobierno tiene dinero para iniciar la nivelación a partir de 2014 y que en el 2013 lo deben asumir con presupuesto propio la Fiscalía y la Rama Judicial y es inaceptable para nosotros llegar a cualquier tipo de acuerdo”.

Así mismo señaló que radicalizarán más el movimiento e inició una nueva programación de marchas para el día viernes y la semana entrante.

“El Gobierno Nacional no quiere negociar, no tiene voluntad política e igualmente nos sentimos defraudados por el Congreso de la República que nombró una comisión accidental que no se vio por ninguna parte”, puntualizó.