El arranque de la discusión en el Congreso del proyecto que busca establecer un nuevo marco jurídico para un eventual proceso de paz, genera múltiples controversias.
Una de ellas, sino la principal, está relacionada con el sentido de oportunidad del proyecto. Es claro que en estos momentos la posibilidad de adelantar un diálogo preliminar de paz entre el Gobierno y la guerrilla es prácticamente nula.
Todo lo contrario, el primer año del presidente Juan Manuel Santos en el poder coincide con la orden de ajustar toda la estrategia y táctica de la Fuerza Pública para enfrentar el creciente accionar militar y terrorista de la subversión y erradicar la percepción pública de que la política de seguridad del Estado viene debilitándose tanto en el ámbito urbano como en el rural.
De igual manera, está en marcha la que se considera la mayor ofensiva de las autoridades para desmantelar a las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (“bacrim”), cuya expansión a sangre y fuego en los últimos tiempos se convirtió en una de las más graves amenazas al orden público en todo el país.
Interrogantes
El primer interrogante, entonces, gira sobre cuál es la necesidad de estructurar en estos momentos un marco legal para viabilizar un eventual proceso de paz si, visto el escenario anterior, no hay ambiente propicio para el mismo o, como se dice popularmente, el palo no está para cucharas.
Sus impulsores afirman que la necesidad de contar con unas nuevas reglas del juego se impone por cinco circunstancias básicas: la persistencia de la violencia guerrillera y la expansión del neoparamilitarismo; las falencias evidentes de la jurisdicción especial de Justicia y Paz; la necesidad de adecuar todo el ordenamiento legal al Estatuto de Roma y la normatividad internacional en materia de defensa de los derechos humanos; los desarrollos conceptuales y de herramientas de la llamada Justicia Transicional; y el nuevo ámbito jurisprudencial sobre delito político, delito común y el derecho a la paz.
“Se necesita un nuevo marco jurídico porque la normatividad vigente no es suficiente para permitir ni un proceso de paz definitivo, ni un proceso de desmovilización de grupos ilegales. Hay limitaciones en la legislación nacional, y en razón al bloque de constitucionalidad en las normas internacionales y en la jurisprudencia, convenciones e instituciones internacionales, en las obligaciones derivadas del sistema interamericano de DDHH y de la ONU, y además en los propios estándares nacionales de justicia, que hacen que hoy resulte imposible un escenario jurídico para la paz. Hay que construir un nuevo marco”, precisa el documento de presentación del proyecto.
Gratis y anticipado
Sin embargo, el problema para varios analistas va mucho más allá de la urgencia de corregir ya las falencias de la legislación actual para viabilizar una salida política al conflicto.
Consideran algunos expertos en modelos de resolución de conflicto que si el objetivo es estar preparados para cuando se den las condiciones y confluencia de voluntades entre las partes enfrentadas para avanzar hacia la paz, es un error de táctica negociadora empezar a destapar desde ya los ases que el Estado podría jugarse dentro del pulso en la mesa de negociaciones.
La prevención se sustenta en lo que de entrada propone el proyecto que discute el Congreso y que ya recibió el aval de la coalición de Unidad Nacional, tras una reunión de los voceros de los partidos que la componen en la Casa de Nariño con el presidente Santos.
La iniciativa plantea, por ejemplo, que desde ya la misma ley abra la posibilidad de que los desmovilizados queden habilitados para postularse a cargos de elección popular. Se trata, sin duda, de una oferta muy generosa del Estado.
También propone promover la figura de “amnistías condicionadas” o “más amplias”, normas diferenciales en el tipo de responsabilidad de comandantes y miembros rasos de los grupos armados ilegales a desmovilizarse, reformas a fondo de la ley de Justicia y Paz, concebir “penas alternativas disminuidas parcialmente” con privación de la libertad efectiva para los insurgentes, beneficios para los militares que hayan cometido delitos, una nueva conceptualización del delito político y hasta la revisión de la figura de la extradición, por ser el narcotráfico el principal motor del conflicto armado.
Es evidente que todos esos temas en una mesa de negociación Gobierno-Farc o Gobierno-‘bacrim’ (que hoy no se ve posible pero que el nuevo marco legal quiere viabilizar al ampliar el rango de “victimarios” a desmovilizar) tendrán que tratarse y la gran mayoría de ellos serán presionados o exigidos por los ilegales.
En ese orden de ideas, sería un error del Estado ceder desde ya lo que tiene que negociarse en la mesa, a cambio obviamente de contraprestaciones de los “victimarios”. Autorizar ahora esos beneficios, alternativas y posibilidades, cuando no hay proceso de paz, a lo único que conllevaría es a que a las exigencias de los ilegales para dejar las armas y reinsertarse sean mayores y más difíciles de aceptar para la institucionalidad cuando llegue la hora de negociar.
Por lo mismo, hay varios expertos en procesos de paz que consideran que el Estado al abrir la puerta en una ley o reforma constitucional a la posible participación en política de los desmovilizados, está quemando una carta muy poderosa que sólo debía jugar cuando la ‘partida’ en la mesa de negociación lo requiera.
Por ejemplo, si ya la ley lo permitiera, las Farc no ‘negociarían’ que los dejaran participar en política sino que pedirían porcentajes mínimos de curules en Congreso y otros cuerpos colegiados. Igual las ‘bacrim’, si se abriera legalmente la posibilidad de reformular el delito político, pues llegarían a la mesa de negociación con la principal de sus exigencias cumplidas pero sin tener que darle algo valioso en contraprestación al Estado en materia de desarme o verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Y la cuestión sería aún más complicada en temas como la ampliación de amnistías o la extradición…
Como se ve, el problema en el fondo no radica en tener un marco jurídico para un proceso de paz, sino que en el mismo se entreguen gratuitamente gabelas o beneficios que sólo deberían ser producto de una negociación en la que los ilegales deberían ceder mucho para acceder a ellos… En otras palabras, el lío es destapar tempraneramente los ases…