Miles de inmigrantes, con una aplastante mayoría hispana, pidieron que se haga realidad una reforma legislativa que garantice la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados, en una concentración a los pies del Congreso, que se dispone a iniciar el debate.

Bajo un fuerte sol de primavera, con miles de banderas estadounidenses y pancartas ondeando, los asistentes exigieron a los legisladores que garanticen esa vía legal, uno de los puntos polémicos de la reforma.

Esos legisladores "no necesitan una oración, necesitan un exorcismo", declaró José Eugenio Hoyos, reverendo evangelista de Arlington (Virginia) durante el acto público.

El demócrata Robert Menéndez, uno de los ocho senadores que redactan el proyecto, explicó poco después que "la ley se está (literalmente) escribiendo mientras hablamos", ante una multitud entusiasta.

Cuatro demócratas y cuatro republicanos lideran las negociaciones en el Congreso para una reforma integral y compleja, que abarca la situación legal de los indocumentados, los flujos de inmigrantes en el futuro y la seguridad en la frontera, además de los controles en las empresas para acabar con la contratación de ilegales.

El proyecto de ley podría ser presentado en los próximos días, según fuentes legislativas.

"Llegué aquí a los seis años de edad (ilegalmente), han pasado 24 años. Yo también tengo sueños", clamó Pepe Carlos, un músico del grupo La Santa Cecilia, de Los Angeles, que amenizó la concentración.

"De nuevo estamos en este país para definir quién merece ser ciudadano y quién no, eso no es justo", protestó Son Ah Yun, una coreana que se define como 'dreamer', en alusión a los jóvenes que llegaron ilegalmente al país sin saberlo.

A la explanada llegaron buses procedentes de todo el territorio nacional, en particular de estados de la Costa Este, de ciudades del interior del país como Chicago, de estados fronterizos como Texas o Florida.

En todo el país se celebraron también concentraciones similares, informaron los organizadores.

La vía para garantizar la ciudadanía a largo plazo de los indocumentados está supeditada a que se logren objetivos específicos de seguridad en la frontera sur, según fuentes del Congreso.