Padres de los 43 estudiantes mexicanos posiblemente masacrados y manifestantes bloquearon durante tres horas el aeropuerto del turístico balneario de Acapulco (sur), en una nueva protesta por este crimen que ha generado la peor crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los manifestantes se apostaron con palos y barras metálicas en los accesos del aeropuerto, después de una marcha en la que sostuvieron un choque con policías que dejó una veintena de agentes heridos.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, había adelantado que el bloqueo de la terminal se prolongaría tres horas y sería pacífico.
"No afecta nada que se cierre un aeropuerto" por unas horas, frente a la brutalidad del crimen contra nuestros hijos, subrayó.
La protesta dejó a muchos turistas sin poder ingresar al aeropuerto y provocó la cancelación de los vuelos de tres aerolíneas, entre ellas la estadounidense United Airlines con su ruta Acapulco-Houston (Texas, sur de Estados Unidos), informó en un comunicado el Grupo Aeropuerto Centro Norte (OMA), que opera la terminal de Acapulco.
Desde temprano miles de manifestantes, la mayoría estudiantes además de maestros y campesinos, que iban a manifestarse en Acapulco decidieron enfilar hacia el aeropuerto, pero policías antimotines les impidieron el paso en un primer momento.
Los manifestantes, la mayoría encapuchados, reaccionaron lanzando piedras contra los policías, constató la AFP.
Un total de 19 agentes del grupo estatal de antimotines resultaron heridos por golpes y uno por quemaduras causadas por un cóctel molotov, dijo a la AFP un funcionario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, al que pertenece Acapulco.
Tania Gómez, vendedora de ropa de 26 años, tenía un vuelo hacia Ciudad de México para ir de vacaciones a Los Ángeles.
"Esto es preocupante porque estamos al borde de pura inseguridad. Yo me siento asustada de ver tanta gente con palos y la cara tapada", dijo la mujer.
En cambio Beatriz Barros, otra pasajera, dijo que "todos los mexicanos estamos en esta lucha (...). No me importa llegar más tarde porque es justo lo que están haciendo".
El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, aseguró que no piensa "reprimir" las protestas pero hizo un llamado "para que no se destruya la economía de Guerrero", uno de los estados más pobres de México y cuya economía depende del turismo.
- Mínimas opciones de identificación -
La protesta exige al gobierno que siga la búsqueda y encuentren con vida a los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), tras ser brutalmente atacados por policías locales y entregados después a sicarios del narcotráfico.
La fiscalía dijo el viernes que tres sicarios confesaron haber asesinado a los estudiantes y quemado sus cadáveres, que después arrojaron en estado de calcinación a un río cercano.
Incrédulos, los padres de los jóvenes reclaman pruebas científicas.
El fiscal Jesús Murillo Karam redujo al mínimo las esperanzas de que los restos sean identificados al señalar que la mayoría están desintegrados y que sólo dos huesos tienen posibilidad de que se les extraiga ADN.
Un laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) "nos dio una posibilidad (de identificarlos). No nos dijo que sí se podía pero nos dio una posibilidad", admitió Murillo Karam en una entrevista con la cadena Televisa el lunes.
- Polémica por mansión presidencial -
Pese a las fuertes protestas, en una de las cuales se llegó a intentar derribar y quemar la puerta del palacio nacional, Peña Nieto partió el domingo a una gira de seis días por China y Australia para las cumbres de APEC y G20.
El viaje irritó a los padres y compañeros de los desaparecidos, para quienes este caso no está para nada cerrado.
"Peña asesino quédate en China", pintaron los estudiantes en paredes del aeropuerto de Acapulco.
Cuando ya volaba a China, el presidente se vio envuelto en otra controversia.
El sitio de noticias de la periodista Carmen Aristegui informó que la pareja presidencial compró una lujosa mansión en Ciudad de México valorada en siete millones de dólares.
La casa era propiedad de una firma mexicana que participa en un consorcio, encabezado por la compañía China Railway Construction Corporation, que el 3 de noviembre obtuvo la licitación para construir el primer tren de alta velocidad en México y América Latina por más de 3.700 millones de dólares.
Tres días después, Peña Nieto revocó esta concesión tras cuestionamientos sobre la transparencia de licitación, en el que ese consorcio fue el único postor.
La oficina de Peña Nieto reaccionó recalcando que la vivienda fue adquirida exclusivamente por la primera dama, la popular exactriz de telenovelas Angélica Rivera, en enero de 2012, meses antes de que Peña Nieto fuera elegido presidente/AFP.